La pena de muerte será obligatoria para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como asesinato en primer grado y violación infantil en el estado de la Florida, EE. UU.
Así lo ratificó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien firmó un paquete de leyes que refuerzan drásticamente las políticas migratorias en el estado, alineándose con la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump. Este paquete incluye 12 puntos sensibles que polarizan aún más el tema migratorio, generando pánico entre los residentes indocumentados de la Florida.
“Se ha aprobado legislación para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en la Legislatura de Florida. La legislación más fuerte para combatir la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país”, dijo sonriente y sin titubear ante los medios de comunicación Ron DeSantis. Lea: Frío histórico en EE.UU.: vórtice polar azotará Florida y Nueva York en enero
Además, ingresar ilegalmente a Florida será considerado un delito estatal, con penas cada vez más severas para los reincidentes. También se eliminarán las matrículas estatales para estudiantes indocumentados en escuelas y universidades públicas; asimismo, se creará una Junta Estatal de Control de Inmigración, que coordinará acciones con agencias federales y locales.
Para la aplicación de estas medidas, el estado destinará cerca de 298 millones de dólares en contratación de personal, capacitación y equipamiento de fuerzas de seguridad, facilitando la detención y deportación de inmigrantes sin estatus legal.
Estos cambios han desatado una fuerte controversia, con grupos de derechos humanos y líderes comunitarios cuestionando su constitucionalidad y calificándolos como ataques directos a la comunidad migrante. A pesar de las críticas, DeSantis defiende las nuevas leyes como una estrategia necesaria para fortalecer la seguridad del estado y reforzar su compromiso con el cumplimiento de las leyes migratorias federales.
Con este paquete legislativo, Florida se posiciona como uno de los estados con políticas migratorias más estrictas del país. Las nuevas leyes incluyen:
- Pena de muerte obligatoria para inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves como asesinato en primer grado y violación infantil.
- Criminalización de la entrada ilegal al estado, con sanciones más severas para reincidentes.
- Eliminación de matrículas estatales para estudiantes indocumentados en escuelas y universidades públicas.
- Creación de la Junta Estatal de Control de Inmigración, integrada por altos funcionarios del estado para coordinar acciones con agencias federales y locales.
- Asignación de 298 millones de dólares para reforzar la aplicación de las leyes migratorias con personal adicional, equipamiento y cooperación con ICE y otras fuerzas federales.
Con estas medidas, Florida endurece su postura frente a la inmigración, marcando un nuevo capítulo en la lucha contra la presencia de indocumentados en el estado.
Sin embargo, juristas y abogados de todo el país aseguran que habrá demandas por estas leyes que son anticonstitucionales.