La Corte Penal Internacional (CPI) pidió el viernes a sus estados miembro que se opongan a las sanciones impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentando que estas representan un intento de afectar su labor judicial independiente e imparcial.
El pronunciamiento del tribunal de La Haya llegó un día después de que la Casa Blanca emitiera una orden ejecutiva en respuesta a lo que calificó como “acciones ilegítimas y sin fundamento” dirigidas contra Estados Unidos y su aliado Israel. La medida estadounidense se tomó tras la orden de arresto emitida por la CPI el año pasado contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra en Gaza.
En un comunicado, la CPI expresó su rechazo a la decisión de Washington. “Condenamos esta medida y reafirmamos nuestro compromiso con la justicia y el derecho internacional. Nos mantenemos firmes junto a nuestro personal y seguiremos brindando esperanza a millones de víctimas de atrocidades en todo el mundo”, declaró la corte. Lea aquí: Esta será la orden que firmará Trump contra la Corte Penal Internacional
Además, el tribunal instó a sus 125 Estados Partes, a la sociedad civil y a la comunidad internacional a unirse en defensa de la justicia y los derechos humanos.
Según la orden ejecutiva, Estados Unidos impondrá “consecuencias tangibles y significativas” a los responsables de las supuestas transgresiones de la CPI. Entre las posibles medidas están el bloqueo de propiedades y activos de los funcionarios del tribunal, así como la prohibición de entrada a Estados Unidos para ellos y sus familiares.
El Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado serán los encargados de definir qué personas y organizaciones serán objeto de sanciones.
La decisión ha sido criticada por diversos grupos de derechos humanos. Liz Evenson, directora de justicia internacional de Human Rights Watch, calificó la medida como un beneficio para los responsables de crímenes de guerra. “Las sanciones deben dirigirse a quienes violan los derechos humanos, no a aquellos que buscan hacerlos cumplir”, expresó en un comunicado.
Evenson también comparó la medida con tácticas empleadas por Rusia para obstruir el trabajo de la CPI, señalando que el Kremlin ha intentado bloquear su labor mediante órdenes de arresto contra jueces y fiscales del tribunal.
Ante la posibilidad de sanciones, los funcionarios de la CPI llevaban semanas preparándose. Según fuentes anónimas citadas por Associated Press, en enero el tribunal adelantó tres meses de salario a su personal como medida precautoria. Además, al menos dos altos funcionarios han renunciado desde la elección de Trump para evitar posibles represalias. Le puede interesar: Trump acusa a medios de recibir dinero robado de USAID: “Es un escándalo”
El gobierno de los Países Bajos, país sede de la CPI, también rechazó la decisión estadounidense.
El ministro de Exteriores, Caspar Veldkamp, afirmó que “el trabajo del tribunal es esencial en la lucha contra la impunidad”. Autoridades holandesas aseguraron que han estado colaborando para mitigar el impacto de las sanciones sobre la corte.
Organizaciones que trabajan con la CPI también han expresado preocupación por las consecuencias de la medida. Un líder de un grupo de defensa, bajo condición de anonimato, comentó a la AP que varios proyectos han sido suspendidos hasta comprender mejor los efectos de las sanciones. Otro representante mencionó que han comenzado a retirar fondos de cuentas bancarias en Estados Unidos como precaución.
Esta no es la primera vez que Trump toma medidas contra la CPI. Durante su administración previa, impuso sanciones a la exfiscal Fatou Bensouda y a uno de sus adjuntos por su investigación sobre crímenes en Afganistán. Dichas sanciones fueron posteriormente eliminadas por su sucesor, Joe Biden, en 2021.