A tan solo un día de la posesión presidencial, el Gobierno de Donald Trump dio luz verde a las redadas migratorias, una operación policial que consistente en detener de una vez en un mismo lugar a un conjunto de personas, en lugares anteriormente considerados como “protegidos”, entre ellos escuelas, iglesias y hospitales.
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El ColombianoLa medida revoca una directriz emitida por la Administración de Joe Biden en 2021, la cual instruía a las autoridades migratorias a evitar acciones en estos espacios sin aprobación previa.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) justificó esta decisión afirmando que busca “empoderar” a los agentes migratorios para “seguir las leyes” y capturar a quienes califican como “criminales extranjeros”. Según un comunicado del DHS, hay individuos que “se esconden en las escuelas y las iglesias” para evitar ser arrestados, aunque la declaración no incluyó pruebas o ejemplos que respalden esta afirmación. Le puede interesar: Estas fueron las órdenes firmadas por Trump en su primer día de mandato
La directriz ahora anulada prohibía los arrestos o redadas en una variedad de lugares clave para las comunidades, como centros educativos, de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones y centros de ayuda tras desastres naturales. El objetivo principal, según un memorando emitido en 2021, era garantizar que los migrantes no se vieran disuadidos de buscar servicios esenciales, como atención médica, alimento, o asistencia en momentos críticos.
“Podemos cumplir con nuestra misión sin negar o limitar el acceso de los individuos a la comida, el albergue o la fe”, indicaba el documento de la Administración Biden.
Sin embargo, tras asumir el poder, Trump tiene la intención de cumplir una de sus promesas de campaña: llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones en la historia de Estados Unidos. Lea también: Trump busca establecer aranceles del 25% a México y Canadá
La decisión ha generado preocupaciones entre activistas y defensores de los derechos de los migrantes, quienes temen que las redadas en sitios protegidos fomenten el miedo y afecten la asistencia a servicios esenciales por parte de las comunidades vulnerables.
Este cambio de política representa un giro significativo en el enfoque hacia la migración, marcando el inicio de una administración dispuesta a endurecer las medidas contra los migrantes, incluso en espacios anteriormente considerados seguros.