La Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) pidió este lunes a la Policía de Corea del Sur que ejecute la orden de arresto temporal contra el presidente Yoon Suk-yeol, quien enfrenta acusaciones relacionadas con la declaración de la ley marcial.
La solicitud del CIO llega horas antes de que expire la orden de detención, prevista para la medianoche del lunes.
El viernes pasado, un intento previo de arresto fue frustrado cuando el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) impidió el acceso de agentes del CIO y decenas de policías a la residencia del mandatario, en un enfrentamiento que se prolongó durante varias horas. Lea aquí: Corea del Sur: ¿Qué pasó con la orden de arresto contra el presidente?
Un portavoz de la Policía declaró a la agencia Yonhap que se está evaluando la viabilidad legal de la solicitud del CIO. De no ejecutarse la detención a tiempo, las autoridades podrían solicitar una extensión de la orden.

El domingo, el tribunal que emitió la orden de arresto desestimó una solicitud de anulación presentada por los abogados de Yoon, quienes argumentaron que solo la Fiscalía está facultada para solicitar un arresto por insurrección, el único delito al que no es inmune un presidente surcoreano.
En Corea del Sur, liderar un movimiento de insurrección es castigado con cadena perpetua o la pena de muerte, aunque esta última cuenta con una moratoria vigente desde hace casi 40 años.
En caso de que el arresto se concrete, un equipo conjunto conformado por el CIO, la Policía y el Ministerio de Defensa Nacional dispondrá de 48 horas para interrogar al presidente Yoon. Si lo consideran necesario, podrían solicitar una extensión de la detención. Le puede interesar: Destituyen a Yoon Suk-yeol, presidente de Corea del Sur, ¿por qué?
El presidente, quien ha ignorado tres citaciones para declarar, tiene prohibido salir del país. Fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre y se encuentra a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, que deberá resolver antes de junio si lo restituye en el cargo o lo destituye de forma definitiva.
