Un grupo de presos políticos en Venezuela, recluidos en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito, y en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), inició una huelga de hambre este viernes. La protesta busca exigir su liberación inmediata y denunciar las condiciones inhumanas bajo custodia, según informó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP).
Entre los participantes destaca Héctor Alonso Esqueda Nieves, detenido el 3 de agosto en el estado Cojedes por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) mientras realizaba “diligencias”. Esqueda Nieves, gerente de un vertedero y padre de tres menores, enfrenta acusaciones de terrorismo e incitación al odio. Lea: Venezuela: detenciones y persecuciones continúan
“El preso político Héctor Alonso Esqueda Nieves llamó a sus familiares para informar que ha iniciado una huelga de hambre como protesta para exigir su liberación inmediata, ya que es inocente”, señaló el CLIPP en su cuenta de X.
La organización informó que, además de Esqueda Nieves, otros dos detenidos en Tocuyito se han sumado a la protesta en “un gesto de solidaridad y resistencia frente a la injusticia”. Aunque las identidades de estos últimos no han sido reveladas, se sabe que buscan respaldar las exigencias de justicia y denunciar las promesas incumplidas de liberación de medio centenar de presos políticos.
En paralelo, al menos cuarenta detenidos políticos en El Helicoide también se unieron a la huelga. Estos denuncian “una arbitraria y fuerte requisa” que habría derivado en tratos crueles e inhumanos. Según el CLIPP, “los presos políticos están agotados de los constantes atropellos, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que enfrentan en las cárceles del gobierno venezolano”.
El Comité hizo un llamado urgente a la comunidad internacional: “Hacemos un llamado a los organismos internacionales para que condenen estas graves violaciones a los derechos humanos y actúen ante esta situación alarmante que afecta a los presos políticos y sus familias, quienes enfrentan una evidente violación sistemática de derechos fundamentales en Venezuela”.
Este contexto se desarrolla tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio, denunciadas por fraude por parte de la oposición. Aunque el Ministerio Público aseguró haber liberado a 413 detenidos vinculados a las protestas postelectorales, la ONG Foro Penal reportó un récord de 1.794 presos políticos al cierre del año, lo que contradice la versión oficial.
Con estas acciones, los detenidos buscan visibilizar la crisis de derechos humanos que afecta a quienes consideran presos de conciencia y exigen medidas urgentes para garantizar su integridad física y psicológica. Mientras tanto, familiares y organizaciones claman por justicia frente a lo que describen como una represión sistemática en el país.