La Fiscalía Departamental de Tarija, Bolivia, presentó este lunes una “imputación formal” contra el expresidente Evo Morales Ayma (2006-2019) y la ciudadana Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima, por el delito de trata de personas agravada. Además, se solicitó emitir una alerta migratoria contra ambos imputados. La información fue confirmada por la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, quien explicó que están a la espera de la fijación de la audiencia de medidas cautelares.
“Se presentó una imputación formal contra el señor Evo Morales Aima y la señora Idelsa Pozo Saavedra (madre de la presunta víctima) por el delito de trata de personas agravado”, anunció Gutiérrez. Según las investigaciones, Morales estaría implicado en la trata y presunto estupro de una menor de edad, con quien habría tenido un hijo. El proceso también señala que los padres de la joven habrían recibido beneficios al entregarla al exmandatario. Lea: Evo Morales pierde el control del MAS tras fallo judicial
La joven presuntamente perteneció a un grupo juvenil denominado ‘Generación Evo’, creado durante la presidencia de Morales. Este caso ha generado controversia y tensión en el país, especialmente por las dificultades para ejecutar una orden de captura emitida el pasado 16 de octubre.
De acuerdo con la fiscal Gutiérrez, la Policía ha enfrentado varios obstáculos para localizar a Morales. “Uno de los informes señala que policías de inteligencia procedieron a buscar a Morales en (la población) de Villa 14 de septiembre, en el Chapare, porque señaló el lugar (su) domicilio real, pero durante la diligencia se constató que no estaba ahí”, precisó.
La Policía también informó que tras labores de vigilancia y búsqueda en otros domicilios, Morales no fue encontrado en ninguno de los lugares identificados. El Chapare, bastión sindical y político del expresidente, ha sido escenario de bloqueos de carreteras organizados por sus seguidores, lo que ha impedido el ingreso de las fuerzas de seguridad y ha puesto en riesgo su integridad.
“Pese a las gestiones realizadas en el marco del cumplimiento de la orden de aprehensión, la ejecución contra Evo Morales enfrenta riesgos técnicos y operativos significativos”, señala un informe policial citado por la fiscal Gutiérrez. Además, durante los bloqueos, algunos agentes de seguridad resultaron agredidos, lo que llevó a priorizar su protección.
La fiscal aseguró que no existen motivaciones políticas en la investigación. “Acá no hay nada político, estamos resguardando los derechos de una persona que ha sido ultrajada, con el visto bueno de sus padres. Vamos a exponer todas estas situaciones (ante el juez)”, afirmó.
Este caso también tiene ramificaciones internacionales. En Argentina, donde Morales obtuvo refugio en 2019 bajo la presidencia de Alberto Fernández, se abrió una investigación similar por la “presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”.
Cabe recordar que la fiscal Gutiérrez había sido apartada de su cargo en octubre por el entonces fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, luego de haber emitido la orden de captura contra Morales. Días después, Gutiérrez fue restituida en sus funciones, y Lanchipa renunció al cargo.
Desde esa fecha, Morales ha permanecido en el Chapare, donde ha afirmado que cuenta con protección permanente de “al menos 500 personas”.