El viernes 22 de noviembre, el Congreso de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que otorga al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, como “copresidenta”, un control absoluto de los poderes del Estado.
La Asamblea Nacional (legislativo), controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, de izquierda), aprobó “por unanimidad” la iniciativa presentada el martes por el mandatario, así lo anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
La polémica reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta.
El texto concede un poder total al Ejecutivo, pues establece que los copresidentes coordinarán “a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”, que antes la Constitución reconocía como independientes. Le puede interesar: ONU critica a Venezuela y Nicaragua por ataques a la libertad de expresión
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, volvió al poder en 2007. Desde entonces, señalan sus críticos, ha instaurado una “dictadura” y el “nepotismo” junto a su esposa, seis años menor.
“La reforma formaliza la decisión de garantizar la sucesión presidencial de Murillo y su hijo Laureano Ortega”, dijo a AFP Manuel Orozco, analista nicaragüense de Diálogo Interamericano, al señalar que los copresidentes podrán nombrar a alguno de sus hijos como vicepresidente, antes un cargo de elección popular.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Lea también: Parlamento nicaragüense apoya propuesta de Biden para la paz en Palestina
La postura de la ONU ante la reforma
De acuerdo con EFE, la ONU consideró que la reforma de un considerable número de artículos de la Constitución por parte del Congreso nicaragüense amenaza con desfigurar aún más el Estado de derecho y agravar la crisis de derechos humanos que se sufre en el país.
”Estos cambios supondrán el golpe de gracia para las libertades fundamentales y el Estado de derecho en Nicaragua, y mermarán aún más los frágiles controles y equilibrios que quedan sobre el (poder) Ejecutivo”, declaró el alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, en reacción a la medida legislativa.