El pasado viernes 15 de noviembre, el Gobierno de Argentina formalizó el retiro de las pensiones a la expresidenta Cristina Fernández, las cuales recibía por su tiempo de mandato y por ser viuda del expresidente Néstor Kirchner.
Ante esto, el abogado de la expresidenta argentina presentó un recurso para recuperar las dos pensiones que recibía, después de que el Gobierno del presidente Javier Milei las revocase en virtud de una condena en su contra por fraude y corrupción.
Su abogado, Facundo Fernández Pastor, argumentó que esta medida “viola derechos y garantías consagrados en las leyes, la Constitución Nacional y la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, según ha recogido el diario ‘Clarín’. Le puede interesar: Gobierno de Milei retira oficialmente las pensiones a Cristina Fernández
En este sentido, el texto asegura que la decisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social de suspender las pensiones tras la orden de Milei fue “arbitraria”, ya que la expresidenta no pudo defender su posición y el Gobierno no tiene competencias para dar este paso.
Asimismo, su representante legal ha asegurado que la retirada de las dos pensiones honoríficas, que ascienden a un total de 35,2 millones de pesos (33.722 euros), es “un acto de persecución con fines de venganza, hostigamiento y partidismo”.
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó la condena de seis años de cárcel e inhabilitación perpetua dictada contra Fernández dentro de la denominada ‘Causa Vialidad’ sobre la concesión fraudulenta de obras públicas. Lea también: Cristina Fernández, expresidenta de Argentina, condenada por corrupción
Pese a que la defensa de Fernández puede presentar todavía un recurso ante el Supremo, el Ministerio de Capital Humano resolvió dar de baja los beneficios que le correspondían por su etapa presidencial y la asignación personal derivada por la pensión de su difunto marido, el antiguo mandatario Néstor Kirchner.
El Gobierno de Milei esgrimió entonces que es “una necesaria consecuencia” por la “indignidad” de su condena por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, aseguró que este tipo de jubilaciones son “un privilegio que no debería existir”.