El expresidente boliviano Evo Morales pidió este viernes 1 de noviembre a sus seguidores poner fin a los bloqueos que han paralizado diversas rutas en el país durante los últimos 19 días, especialmente en Cochabamba. Al mismo tiempo, Morales anunció que se declara en huelga de hambre, exigiendo que el gobierno de Luis Arce convoque a una mesa de diálogo para resolver las tensiones actuales.
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El Colombiano“La situación se ha vuelto complicada, y con ello, se hace más difícil lograr una solución que satisfaga a todos”, expresó Morales en rueda de prensa, en la que aseguró que su huelga de hambre será indefinida hasta que el gobierno “acceda a establecer mesas de diálogo”. Morales propuso que estas negociaciones incluyan una mesa de carácter político y otra económica, además de intermediarios internacionales y países amigos, que permitan “un acercamiento transparente y efectivo”. Lea aquí: Gobierno boliviano desmiente supuesto plan de asesinato contra Evo Morales
Morales explicó la necesidad de levantar los bloqueos para evitar “un derramamiento de sangre”, luego de que se intensificaran los enfrentamientos entre sus simpatizantes y las fuerzas de seguridad. El presidente Luis Arce informó recientemente de la toma de tres instalaciones militares, una situación que atribuyó a grupos afines a Morales.
El expresidente añadió que “evitar la violencia, proteger la economía nacional y atender las necesidades de los bolivianos” debe ser una prioridad. Con estas palabras, hizo un llamado a sus seguidores para suspender los bloqueos como un “gesto de construir puentes y buscar una salida pacífica para todos”.
Por su parte, el presidente Arce denunció ante la comunidad internacional que “grupos armados afines” a Morales han tomado por asalto tres cuarteles del Ejército, reteniendo a militares y sus familias. En una declaración publicada en la red social X, Arce afirmó que “ellos son de origen popular, y muchos también tienen raíces indígenas originarias, como los policías a quienes estos grupos irregulares están disparando con armas letales y lanzando dinamitas”.
Arce subrayó que la ocupación de una instalación militar por grupos irregulares constituye “un delito de traición a la patria, una afrenta a la Constitución, a las Fuerzas Armadas y al propio pueblo boliviano, que rechaza de manera contundente los bloqueos criminales de Evo Morales”. Además, advirtió que estas acciones representan un desafío al orden público establecido y que solo buscan “la ruptura del orden público legalmente constituido”, con el objetivo de acortar su mandato, “imponer una candidatura inconstitucional y lograr impunidad en procesos judiciales”.
El presidente concluyó afirmando que, en su rol de gobierno democráticamente electo, llevará adelante “acciones orientadas a restablecer el orden público”, en el marco de las facultades constitucionales y con el respaldo popular.
El conflicto inició hace dos semanas cuando los seguidores de Morales levantaron bloqueos en varios puntos del país, especialmente en Cochabamba, considerado bastión del expresidente, así como en Potosí, Oruro y Santa Cruz. Las protestas, que comenzaron con demandas por la crisis económica, se han convertido en una plataforma para las aspiraciones políticas de Morales, quien a pesar de no estar habilitado insiste en su intención de postularse en las próximas elecciones.
La tensión se agravó tras la denuncia de Morales de un supuesto plan para acabar con su vida. Además, el expresidente enfrenta varios procesos judiciales por daños causados durante una gran movilización en septiembre y también por supuestos ataques a la Policía, así como una acusación de abuso de menores y trata de personas derivada de una relación con una joven de 16 años que tuvo cuando era presidente.