La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, emitió este miércoles 23 de octubre un comunicado en el que acusa al gobierno de Nicolás Maduro de intensificar una campaña de persecución política, con el objetivo de “dejar a los venezolanos sin líderes”.
La denuncia se produjo después de que el Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó una solicitud para investigar a 351 personas, entre ellas 95 exdiputados opositores y la líder María Corina Machado, por su presunta implicación en el “despojo y robo” de Citgo, filial de la petrolera estatal Pdvsa. Lea aquí: Cumbre de BRICS: Vladimir Putin recibe a Nicolás Maduro
El acuerdo, aprobado por la Asamblea Nacional el martes, pide la judicialización de los legisladores que formaron parte del Parlamento durante el quinquenio 2016-2021. Esta acción se enmarca en una creciente ofensiva del gobierno chavista contra figuras destacadas de la oposición, acusadas de presuntas irregularidades relacionadas con Citgo, empresa que actualmente enfrenta la posibilidad de ser embargada debido a las deudas acumuladas por el país.
La PUD señaló que Maduro está utilizando estas investigaciones como parte de una estrategia para mantenerse en el poder más allá del 10 de enero de 2025, fecha en la que inicia el nuevo mandato presidencial tras las polémicas elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue reelegido. “Maduro, a través de la Asamblea Nacional que controla, ha decidido profundizar la política de terrorismo de Estado”, señaló la coalición opositora, agregando que el mandatario busca evitar una oposición real a su gobierno.
En su comunicado, la Plataforma Unitaria reafirmó que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue elegido legítimamente en los comicios, respaldado por “soberanía popular” y con el apoyo del 83,5% de las actas electorales, las cuales el gobierno ha calificado como fraudulentas. “Señalar y amenazar hoy a la dirigencia opositora no es más que una excusa, en un intento por dejar a los venezolanos sin líderes”, destacó el bloque opositor, que también criticó la política económica y el manejo de los recursos nacionales por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Le puede interesar: Nicolás Maduro volvió a arremeter contra Elon Musk, ¿qué dijo?
La situación de Citgo, clave en esta polémica, sigue siendo delicada. La filial de Pdvsa en Estados Unidos está siendo sometida a presión judicial por los acreedores, debido a deudas derivadas de expropiaciones e incumplimientos de contratos. Este proceso ha sido calificado por el PUD como una consecuencia directa de las decisiones económicas de los gobiernos chavistas.
El Parlamento venezolano también pidió investigar a 108 personas vinculadas con las “instituciones paralelas” y juntas ad hoc creadas por Juan Guaidó tras proclamarse “presidente encargado” en 2019, en un momento en que recibió el apoyo de casi 60 países. Estas instituciones y sus representantes son vistas por el oficialismo como responsables de despojar a Venezuela de recursos estratégicos, como Citgo.