Una pizzería ubicada en el centro de Düsseldorf, en el oeste de Alemania, ha cerrado tras la detención de su propietario, quien presuntamente utilizaba los pedidos a domicilio como medio para vender cocaína, según confirmaron las autoridades locales a EFE este martes.
El esquema, descubierto gracias a una investigación policial, consistía en que los clientes solicitaban la pizza “número 40″ del menú, y en su caja de cartón, junto con la comida, se entregaba un pequeño paquete de cocaína. Lea aquí: Brote de E. coli en hamburguesas de McDonald’s deja un muerto en EE. UU.
El diario local Rheinische Post informó que el dueño del restaurante, un hombre de 36 años, ha sido puesto bajo prisión preventiva desde agosto.
El hombre, sobre el que pesaban sospechas de tráfico de drogas desde marzo, fue arrestado después de que la policía temiera que pudiera vender su local y huir a su país de origen, Croacia. Durante un allanamiento en su domicilio, el sospechoso intentó deshacerse de una mochila que contenía 1,6 kilogramos de cocaína arrojándola por la ventana, pero los agentes la interceptaron.
Además de la cocaína, la policía incautó 270.000 euros en efectivo y 400 gramos de cannabis. Este arresto forma parte de una operación antidrogas de mayor envergadura que movilizó a 150 agentes en varias ciudades del oeste de Alemania, incluida Düsseldorf, y resultó en la detención de tres personas más, en un caso que involucra a otros trece sospechosos. Le puede interesar: Hombre atrapado bajo el hielo mientras pescaba: así logró sobrevivir
Las autoridades han calificado el caso como “muy complejo”, ya que el tráfico de drogas llevaba realizándose durante un largo período a través del restaurante.
El tráfico de drogas en Alemania está severamente castigado bajo la Ley de Estupefacientes (BtMG), con penas que varían según la cantidad de drogas y las circunstancias del delito. Para pequeñas cantidades, las sanciones van desde multas hasta 5 años de prisión, mientras que el tráfico a gran escala o con agravantes, como la participación en una organización criminal o la venta a menores, puede conllevar penas de entre 5 y 15 años de prisión. En casos extremos, las condenas pueden llegar a cadena perpetua, y es común la confiscación de bienes obtenidos del delito.