Nayib Bukele, presidente de El Salvador, se acerca a completar los primeros 100 días de su segundo mandato consecutivo, a pesar de la prohibición constitucional que limita los mandatos presidenciales consecutivos.
Durante este período, su administración ha enfrentado críticas hacia su partido, demandas de mejoras económicas y la continuación del régimen de excepción.
Este ha sido el contexto de sus primeros 100 días en el cargo, un período en el que ha realizado pocas apariciones públicas:
Posible desgaste de su partido
Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, destacó que uno de los puntos clave en los primeros meses del segundo mandato de Nayib Bukele ha sido “la primera crisis de imagen del partido del presidente ante la opinión pública”. Escobar atribuye esta situación al “uso del presupuesto legislativo que no se ha hecho público, no hay información sobre cómo se usa, no hay rendición de cuentas del partido”.
La filtración de una base de datos con los nombres de cientos de empleados del Congreso, dominado por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), desató críticas en redes sociales. Este escándalo puso en el centro de atención la falta de transparencia en el manejo del presupuesto legislativo.
En julio, Bukele declaró en un medio que cada diputado cuenta con 14.500 dólares para gastos, aunque señaló que esta cifra se reduciría a 11.000 dólares mensuales. Actualmente, Nuevas Ideas cuenta con 57 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa.
A pesar de que algunos diputados intentaron frenar las críticas revelando los nombres y salarios de sus colaboradores, esto no logró disminuir el descontento público.
Régimen de excepción
Desde el inicio de su segundo mandato, Nayib Bukele ha impulsado la aprobación continua del régimen de excepción por parte del Congreso, a solicitud de su Gabinete. Este régimen ha llevado a al menos 81.900 detenciones y ha sido prorrogado en 30 ocasiones. Le puede interesar: Nayib Bukele: “Tenemos el mejor sistema de justicia penal del mundo”
En este contexto, las organizaciones humanitarias han documentado alrededor de 6.400 denuncias de violaciones a los derechos humanos desde marzo de 2022, principalmente relacionadas con detenciones arbitrarias, desapariciones temporales de detenidos y torturas.
Además, se reporta la muerte de más de 300 personas bajo custodia estatal, la mayoría de las cuales presentaba signos de violencia, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abordó estas denuncias en un informe reciente y recomendó poner fin a las restricciones impuestas por el régimen de excepción, implementar una política integral de seguridad y ofrecer reparaciones a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Crítica a la CIDH
En respuesta al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión del Gobierno de Bukele cuestionó la transparencia en la elaboración del informe y la financiación de la CIDH.
La comisión gubernamental criticó que tanto la CIDH como Cristosal, una de las principales fuentes del informe, reciben fondos de las mismas entidades, como la Open Society Foundation y la Ford Foundation.
No obstante, el comisionado José Luis Caballero, quien emitió un voto concurrente incluido en el informe, defendió que la CIDH aplicó la metodología establecida por su reglamento y que el informe es “consistente” con los 65 años de trabajo del organismo.
Economía
Al iniciar su segundo mandato, Nayib Bukele prometió “sanar” la economía, y durante sus primeros 100 días, ha anunciado dos principales medidas económicas: la creación de agromercados para ofrecer alimentos a precios reducidos y la transferencia de la administración de los dos principales puertos del país a una empresa turca.
Esta medida implica la formación de una sociedad mixta entre el Estado y la empresa Yilport, que tendrá el 80% de la participación, a cambio de una inversión superior a los 1.600 millones de dólares (aproximadamente 1.457 millones de euros).
A pesar de estas iniciativas para mitigar el aumento de los precios de los alimentos, que también incluyeron la suspensión de aranceles, la inflación en El Salvador ha alcanzado su nivel más alto desde diciembre pasado, con un incremento del 1,78%.
Asimismo, el costo de la canasta básica alimentaria ha aumentado de 256,74 dólares en enero a 264,91 dólares en julio, lo que representa un incremento del 3,18%.
Acusaciones de Trump
El 18 de julio, el candidato presidencial republicano Donald Trump afirmó en un discurso que la notable reducción de homicidios en El Salvador no se debe a una política de seguridad eficaz, sino al supuesto envío de pandilleros al país norteamericano.
“En El Salvador, los asesinatos han disminuido un 70%, ¿por qué ha ocurrido esto? Ahora, él te hará creer que es porque han transformado a los asesinos en ciudadanos ejemplares. La realidad es que la reducción se debe a que están enviando a sus asesinos a Estados Unidos”, aseguró Trump, sin que el presidente salvadoreño haya ofrecido una respuesta directa a estas declaraciones. Le puede interesar: Juez retrasa sentencia del caso penal contra Donald Trump: esta es la fecha