La ONG Cristosal informó el miércoles que ha documentado la muerte de 261 personas, cuatro de ellas niños, que estaban bajo custodia del estado salvadoreño, tras ser detenidas durante el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, con el objetivo de combatir a las pandillas.
Según el informe “El silencio no es opción”, Cristosal afirma que una amplia investigación de campo y el análisis de la información recolectada, permitió probar que “261 personas adultas y adolescentes y cuatro niñas y niños han muertos bajo custodia estatal”, durante el periodo comprendido entre el 27 de marzo de 2022 y el 15 de abril de 2024. Lea aquí: Piden 36 meses de cárcel para exdirector de Odebrecht Perú
El informe que detalla que de las personas que murieron dentro de los centros de detención, 244 son hombres y 17 mujeres, se basa en las 3.642 denuncias que Cristosal ha recibido desde la vigencia del régimen de excepción por posibles abusos de poder y detenciones arbitrarias, realizando un” estudio a profundidad” de 1.178 personas detenidas.
Además dice que tras un análisis médico-forense, “Cristosal determinó que 88 muertes pudieron ser producto de un acto criminal, 87 el resultado de una patología y 14 son posibles muertes violentas.” No se cuenta con información suficiente para determinar las causas de muerte de las 72 personas restantes, dice el informe. Lea aquí: Policía busca a hombre que habría asesinado a tres mujeres con una ballesta
“Han muerto en las cárceles y bartolinas salvadoreña por torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, por la falta de alimentación, por insalubridad por la falta de atención inhumana y otras situaciones, pero es que existe una política deliberada para no proteger a las personas privadas de libertad”, afirmó la abogada Zaira Navas, quien dirigió la investigación.
Navas aseguró que “la diferencia de este informe es que recoge pruebas de torturas, de las muertes, del abuso de autoridad, de las victimas silenciosas”.
Cristosal afirma también que ha certificado “casos de violación, abuso y agresiones sexuales sufridas por mujeres detenidas bajo el régimen de excepción, cometidos por custodios penitenciarios, como por otras mujeres reclusas.