El Congreso peruano inhabilitó el jueves por 10 años a dos de los siete miembros de un órgano autónomo encargado de elegir, evaluar y destituir a los magistrados y autoridades electorales, en medio de una creciente preocupación internacional por la alteración de la independencia de poderes en el país.
Aunque el objetivo inicial era destituir a todos los miembros, los legisladores apenas alcanzaron 67 votos —el mínimo requerido— para remover a Inés Tello y Aldo Vásquez, integrantes de la Junta Nacional de Justicia, un órgano autónomo que garantiza la independencia judicial y del sistema electoral.
Tello —una jueza jubilada que encarceló a militares violadores de derechos humanos y funcionarios corruptos del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000)— pidió posteriormente al Congreso declarar “inexistente” la votación que la sancionó, ya que se contabilizó el voto de un legislador que estaba impedido de sufragar y con ese voto se alcanzaron los 67. Lea aquí: Familia de Edwin Arrieta confía en que se haga justicia en el juicio a Sancho
El Congreso acusó a todos los integrantes de la Junta de infringir el artículo 156 de la Constitución por permitir que Tello, de 78 años, continúe en el puesto, pese a superar la edad máxima permitida, que es de 75 años. Tello se defendió, alegando que, de acuerdo al artículo 155 de la Carta Magna, su cargo dura cinco años y ella fue elegida como miembro de ese organismo cuando tenía 74 años, en 2020. Lea aquí: Macron quiere que el aborto sea derecho fundamental en la UE
Samuel Abad, abogado de la Junta, dijo que si se leen “ambos artículos de la Constitución, se llega a la conclusión que si alguien es elegido a los 74 años tiene un mandato de cinco años porque así lo ordena el artículo 155”.
La congresista Patricia Chirinos, del partido Avanza País, dijo que los legisladores como “guardianes de la democracia” iban a rescatar a Perú “de las garras” de la Junta.
“Por unanimidad el resto de la Junta trató de blindar a la señora Tello haciendo uso de sus artimañas y argucias”, denunció Chirinos.
La inhabilitación de algunos miembros de la Junta sin reemplazo inmediato podría paralizar 159 procesos disciplinarios, 55 investigaciones preliminares y 677 denuncias ciudadanas contra jueces y fiscales que podrían archivarse y permitir que ellos regresen a sus actividades.