La Defensoría del Pueblo de Bolivia exigió este jueves a las autoridades nacionales una solución a los conflictos sociales por la prórroga de los magistrados de los principales tribunales, por la que sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019) han bloqueado por cuatro días consecutivos carreteras en tres regiones.
El descontento de los seguidores de Morales también se debe a la Sentencia Constitucional dictada por los magistrados, en la cual se inhabilita a Evo Morales como candidato presidencial, ya que el fallo menciona que la reelección indefinida “no es un derecho humano”. Le puede interesar: Vicepresidente de Bolivia convoca diálogo parlamentario por elecciones judiciales
“Queremos manifestar a la población y a los órganos del Estado, así como a los actores políticos, la alta preocupación que tiene la Defensoría del Pueblo en torno al estado de conflictividad que se está desarrollando”, dijo a los medios el defensor del Pueblo boliviano, Pedro Callisaya.
La Defensoría verificó que actualmente hay 16 puntos de bloqueo en esas tres regiones y abogó por las personas que no pueden transitar libremente por el país y por los policías que fueron atacados por algunos manifestantes.
El defensor sostuvo que “existe una necesidad de que el Estado garantice por un lado el derecho a la protesta en la medida en que sea pacífica”, pero además, la manifestación “también debe ser respetuosa de los derechos de terceros que son ajenos a la conflictividad”.
Callisaya manifestó que no se puede permitir que el problema “se profundice más, o que haya mayor vulneración de los derechos de las personas”.
“Exigimos a las autoridades que puedan dar a través de los órganos competentes una respuesta oportuna, válida a la población para la resolución de esta conflictividad”, afirmó.
También pidió a los sectores movilizados a que hagan una “pausa solidaria” para permitir el tránsito de las personas que quedaron atascadas en las carreteras a causa de los bloqueos para “evitar vulneraciones de los derechos humanos”.
Causa del conflicto en Bolivia
Callisaya recordó que el problema de fondo son las elecciones judiciales que debíeron haberse realizado en diciembre de 2023 y que no prosperaron porque la preselección de candidatos está trabada en el Legislativo.
Ante esto, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió en diciembre prorrogar su mandato y el de otros altos jueces y consejeros para evitar que haya un “vacío de poder” hasta que se realice una nueva elección judicial.
“Por eso reiteramos, es importante que todos los actores estatales y políticos puedan dar una respuesta sana, oportuna y fiable a la población”, insistió.
La Sala Constitucional Cuarta de La Paz admitió una “acción popular” que presentó el exdiputado opositor Amilcar Barral contra Evo Morales y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) “por incitar a estos actos de violación de la Constitución” con los bloqueos de caminos.
La acción, que se resolverá este viernes, también va contra el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, “por la inacción para no desmovilizar estos conflictos”, explicó Barral en un video compartido en sus redes sociales.
Los afines a Morales iniciaron el lunes bloqueos de carreteras sobre todo en Cochabamba, en contra de la prórroga de los magistrados y también por una sentencia constitucional que inhabilita al exmandatario como candidato presidencial en 2025 al mencionar que la reelección indefinida “no es un derecho humano”.
Morales y el presidente Luis Arce, ambos del MAS, están distanciados desde finales de 2021.