La fiscal general de Perú, Patricia Benavides, denunció el lunes ante el Congreso a la presidenta Dina Boluarte para que le sea retirada la inmunidad por acusaciones de homicidio calificado y lesiones graves en relación con las protestas antigubernamentales de hace casi un año que exigían su renuncia.
Benavides anunció a través de un vídeo, repartido a los medios, que iba a presentar una denuncia constitucional contra Boluarte y también contra el primer ministro Alberto Otárola y los exministros del Interior, César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero. Lea aquí: Atención: tregua entre Israel y Hamás se extenderá dos días más
Según consta en una copia de la denuncia, de 165 páginas, Boluarte “habría omitido dolosamente adoptar medidas que garanticen el respeto irrestricto de la vida e integridad física de los ciudadanos” por parte de las fuerzas de seguridad “sobre quienes tenía una posición de dominio como jefa suprema de las fuerzas armadas y de la policía nacional”.
El trámite de este tipo de denuncia, con la que se pretende despojar de inmunidad a la mandataria peruana, puede demorar varios meses y debe incluir el visto bueno de una subcomisión de acusaciones constitucionales, así como un informe acusatorio elaborado por un legislador y la aprobación del Pleno parlamentario. Lea aquí: Arrestan a un sospechoso de disparar a tres universitarios palestinos
Según la Carta Magna, el Congreso debe esperar a que Boluarte concluya su mandato en 2026 para que la acusación sea devuelta a la fiscalía —una vez aprobada por la Asamblea para retirarle la inmunidad— y que el Ministerio Público pueda llevarla ante un juez.
La maniobra de la fiscal general contra Boluarte llegó después de que el lunes, horas antes, una fiscal anticorrupción involucrara a la misma Benavides como presunta líder de un grupo criminal.
De hecho, la presidenta Boluarte dijo por la tarde en una declaración difundida por la televisora nacional que le causaba “extrañeza” que la denuncia de la fiscal general en su contra “haya sido presentada luego que la ciudadanía de todo el país tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones” contra el equipo de la fiscal general “por presuntos actos de corrupción”.