El Parlamento español aprobó leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos.
Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el Gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derechas, aunque con parte del movimiento feminista en contra en el caso del cambio de sexo.
NOVEDADES SOBRE PARA EL ABORTO
La nueva ley del aborto acaba con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, pues la mayoría de edad es a los 18 en España, un requisito de había introducido en 2015 el Gobierno del conservador Partido Popular, ahora principal grupo de oposición.
En España se puede abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación, excepcionalmente hasta la 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto y después solo por anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
La nueva norma elimina también la obligación de informar a la mujer sobre ayudas a la maternidad y el plazo de reflexión de tres días antes de abortar.
Además de introducir novedades como las bajas laborales por menstruaciones incapacitantes y la ampliación de los derechos reproductivos a las “personas trans con capacidad de gestar”, es decir, que han cambiado su sexo al masculino pero mantienen su aparato reproductor femenino.
La esterilización y la anticoncepción forzosas, el aborto forzoso y la gestación por sustitución se recogen como violencia y para prevenir los vientres de alquiler, ilegales en España, se prohíbe la publicidad de las agencias de intermediación.
La aprobación se produce poco después de que el Tribunal Constitucional español avalara la ley del aborto de 2010 aprobada por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que fue recurrida hace más de doce años por los conservadores y que ahora sustituirá la nueva ley.
En 2021, último año con cifras oficiales, se realizaron en España 90.189 interrupciones voluntarias del embarazo, la gran mayoría en centros privados.
LEY TRANS
Por su parte, la conocida como ley trans salió adelante tras superar discrepancias entre los socios de Gobierno, el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos.
La nueva ley reconoce la voluntad de la persona a partir de los 16 años como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil, al eliminar la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos.
La parte socialista del Gobierno defendía que los menores de 16 contaran con autorización judicial, aunque finalmente salió adelante el texto impulsado por su socio.
Los hombres que cambien su sexo no eludirán condenas por violencia machista, puesto que se mantendrán las obligaciones jurídicas que cualquier persona tuviese antes de rectificar su sexo.
Algunos casos de hombres que cambiaron de sexo y fueron ingresados inicialmente en cárceles de mujeres pese a haber sido condenados por violencia machista han generado polémica en países como el Reino Unido.
La ley regula también los casos de modificación genital en menores para autorizarla solo cuando las indicaciones médicas lo exijan y si se considera maduro para tomar esa decisión, después de que países como Suecia se replanteen normas similares al aumentar considerablemente esta práctica en medio de críticas de su irreversibilidad por personas que de adultos se arrepintieron.
El activismo LGTBI+ celebró a las puertas del Parlamento la aprobación de la ley junto a su impulsora, la ministra Irene Montero, de Unidas Podemos, mientras un grupo de feministas se manifestaba pidiendo su dimisión al considerar que la autodeterminación de género “borra” a las mujeres si cualquiera puede serlo solo con acudir a un registro.
España, primer país de Europa que reconoce bajas por menstruación dolosora
España reconoce por primera vez a las mujeres el derecho a una baja laboral por una menstruación dolorosa e incapacitante, tal como recoge la reforma de la ley del aborto, que este jueves aprobó el Congreso de los Diputados, y se convierte en pionera en esta materia en Europa.
Esta reforma, rechazada por los partidos de derecha, considera la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud.
Según un estudio recogido por el sindicato español Unión Sindical Obrera (USO), el 53 % de las mujeres sufre reglas dolorosas y en jóvenes, sube al 74 %.
El núcleo de la reforma de la ley del aborto busca garantizar la realización de interrupciones voluntarias del embarazo en centros sanitarios públicos y elimina la exigencia de autorización paterna para las menores de 16 y 17 años.
Asimismo, mantiene los plazos fijados por ley en 2010 y avalados por el Tribunal Constitucional recientemente, con lo que el aborto seguirá siendo libre durante las primeras 14 semanas de gestación.
Pero además, introduce nuevos derechos, como el ya citado a las bajas laborares por menstruación dolorosa, o el derecho a la incapacidad temporal desde el primer día de la semana 39 del embarazo y mientras se reciba asistencia sanitaria por un aborto y no se pueda trabajar.
También se garantiza el acceso público y universal a la anticoncepción.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, que defendió la reforma legal ante los diputados, celebró hoy la aprobación definitiva de la nueva ley que “amplía” los derechos de las mujeres, no sólo el derecho al aborto, sino los derechos sexuales y reproductivos porque sin ellos, las mujeres no son ciudadanas de pleno derecho, dijo.
En Italia se presentó una propuesta de ley en ese sentido en 2016 pero nunca llegó a aprobarse; en Francia no hay nada oficial, pero sí es un asunto que se debate y en Alemania, las mujeres pueden acudir al médico de familia para que les dé una baja por dolores menstruales, pero es a criterio del médico.