La Convención Constitucional chilena le entregó el lunes al presidente Gabriel Boric una propuesta de nueva constitución que será plebiscitada en septiembre y, si es aprobada, reemplazará a la impuesta por la dictadura militar hace 41 años.
La propuesta fue entregada al mandatario por la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en un acto formal en el ex Congreso de la capital chilena. En la misma ceremonia Boric firmó el decreto que convoca a un plebiscito de participación obligatoria el próximo 4 de septiembre. (El gobierno de Chile presenta su ambiciosa reforma tributaria)
“Me siento honrada de presidir este momento histórico”, dijo Quinteros antes de entregarle a Boric una edición de lujo con la propuesta. Añadió que “está propuesta nos devuelve la esperanza al permitirnos hablar en la constitución de dignidad, inclusión, de igualdad”.
“Más allá de las legítimas diferencias que puedan existir sobre el contenido del texto”, todos deben estar orgullosos de que en la profunda crisis de 2019, con un estallido social y multitudinarias protestas, “los chilenos y chilenas optamos por más democracia, no por menos”, enfatizó el mandatario tras recibir la propuesta.
Concluido el pleno y a un año de su instalación, la Convención se disolvió. El martes comenzará la campaña electoral para el referendo.
La propuesta señala en su primer artículo que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico”, con una democracia paritaria. Además, reconoce la existencia de 11 pueblos originarios que representan el 12,8% de los 19 millones de habitantes.
Los chilenos tendrán dos alternativas en el plebiscito de septiembre: votar “Apruebo” y aceptar la Ley Fundamental propuesta por la Convención -integrada mayoritariamente por izquierdistas- o votar “Rechazo” y quedarse con la constitución impuesta por la dictadura militar de 1973 a 1990 que, aunque ha sufrido decenas de reformas, sigue siendo ilegítima en su origen.
Hay incertidumbre sobré qué opción triunfará en el referendo. Sondeos públicos de comienzos de año daban un claro triunfo la aprobación, aunque desde abril a la fecha indican que ganaría el rechazo.
Los analistas sostienes que el comportamiento soberbio de algunos convencionales contribuyó más al rechazo que el contenido de la propuesta. El ministro de la presidencia, Giorgio Jackson, declaró que “hemos visto que hay una muy mala evaluación de lo que ha sido el proceso, de los convencionales”.
Si gana el rechazo se abrirá un panorama incierto porque no existe, hasta ahora, un acuerdo político sobre qué hacer con la constitución de los militares que seguiría vigente. La oposición derechista ha reiterado que hay que modificarla, pero no hay una hoja de ruta.
Si se impone la aprobación habría que implementar muchos cambios que tardarían años en concretarse porque primero deberían traducirse en leyes del Congreso, entre ellas normas sobre un sistema nacional de salud universal y público, una descentralización del país, la instalación de dos sistemas de justicia -uno nacional y otro indígena- y la devolución de tierras a pueblos originarios, entre otros.
La nueva carta magna también incluye nuevos derechos, entre ellos “a una vivienda digna y adecuada” e igual remuneración por igual trabajo para hombres y mujeres.
El 4 de septiembre ganará la opción que obtenga la mitad más uno de las preferencias de los 15 millones de chilenos convocados a votar, en un país en el que la abstención bordea el 50%.