Decenas de ataques a la población civil en la provincia de Idlib, muchos de ellos llevados a cabo por el Ejército sirio y algunos con apoyo de fuerzas aéreas rusas, podrían ser considerados crímenes de guerra, según un informe presentado hoy por la Comisión de la ONU sobre Siria.
Ataques por tierra y aire de las fuerzas sirias, al menos dos de ellos con apoyo ruso, “diezmaron la infraestructura civil, despoblaron pueblos y ciudades y costaron la vida de cientos de mujeres, hombres y niños”, subraya el documento, que también acusa de violaciones de derechos humanos a milicias yihadistas.
El estudio, encargado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para examinar la situación específica de Idlib (noroeste de Siria) entre noviembre de 2019 y junio de 2020, concluye que hay una “violación flagrante de los derechos de los civiles sirios”, en palabras del presidente de la comisión, Paulo Pinheiro.
“Niños bombardeados en escuelas, padres en los mercados, pacientes en los hospitales, familias enteras atacadas en su huida (...), está claro que en esta campaña militar fuerzas progubernamentales y grupos considerados terroristas por la ONU violan de forma flagrante las leyes de la guerra”, destacó Pinheiro.
El también miembro de la comisión Hanny Meghaly detalló que en el periodo estudiado se documentaron al menos 52 posibles acciones de este tipo, entre ellas 17 ataques a centros sanitarios y 14 a escuelas, algunas “sistemáticas y diseñadas para forzar a la población a marcharse, lo que constituye un crimen contra la humanidad”.
Añadió que 47 ataques fueron perpetrados por fuerzas progubernamentales y que en al menos dos casos se sospecha que participaron aviones militares de Rusia, aliada del régimen de Bachar el Asad en la campaña para acabar con los últimos bastiones de grupos armados rebeldes en Idlib y al oeste de Alepo.
El informe, del que se debatirá formalmente en la actual sesión del Consejo de Derechos Humanos el 14 de julio, también se refiere a detenciones arbitrarias, torturas, saqueos y pésimas condiciones de las poblaciones desplazadas en la frontera con Turquía, donde se calcula que hay 1,5 millones de refugiados.
Asimismo, denuncia las acciones de grupos terroristas como Hayat Tahrir al-Sham (HTS), milicias yihadistas enfrentadas al régimen sirio que “detienen, torturan y ejecutan a civiles que expresan opiniones disidentes, incluidos periodistas”.
“Hombres, mujeres y niños se enfrentan a veces al terrible dilema de ser bombardeados o huir a zonas controladas por el HTS, donde hay abusos generalizados a los derechos humanos y un muy limitado acceso a la asistencia humanitaria”, manifestó Karen Koning AbuZayd, también parte de la comisión tripartita.
La comisión teme que la pandemia de la COVID-19 agrave aún más la situación en Idlib y urge a todas las partes que cesen los ataques a civiles y objetivos no militares, investigando y llevando ante los tribunales a los responsables de los crímenes documentados.
“Es completamente aberrante que tras más de nueve años los civiles sigan siendo atacados indiscriminadamente, cuando no son objetivo directo, mientras intentan llevar adelante sus vidas”, recalcó el presidente de la comisión.