Miles de trabajadores de los hospitales públicos, incluso los médicos, continuaron una paralización de labores, iniciada el jueves, que se ha extendido poco a poco. Las autoridades dispusieron que fuerzas policiales tomaran el control de accesos a los establecimientos de salud, este lunes. Los dirigentes afirman que no se trata de un paro sino que es "una reducción de labores", pero un tribunal lo calificó como un paro ilegal. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos reconoce que los trabajadores del sector salud tienen derecho a organizarse y manifestarse para reivindicar sus derechos, pero que "eso no debe implicar una afectación a los servicios esenciales que se proporcionan a la población".Los trabajadores sostienen que una ley de escalafón aprobado por la Asamblea Legislativa les dio un aumento salarial, pero las autoridades, aduciendo problemas económicos aseguran que no pueden cumplir para todos los funcionarios.Para tratar de garantizar que no se interrumpa la atención a los enfermos, fuerzas de choque de la policía tomaron control de los accesos a los hospitales."Hay presencia de la policía en algunos hospitales y esto obedece a las resoluciones de los juzgados sobre la huelga. Las huelgas en los hospitales están prohibidas por ley", manifestó el viceministro de Salud Eduardo Espinoza."No estamos en huelga, no hay paro, esto solo es una reducción de labores y no vamos a parar hasta que cumplan con la ley del escalafón", dijo a los periodistas el dirigente sindical Alex Carballo, al iniciar una marcha de los trabajadores del Hospital para niños "Benjamín Bloom" hasta las proximidades del ministerio de Hacienda para exigir el cumplimiento de sus demandas.Los sindicalistas denunciaron que personas particulares a las que vinculan con el partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los están hostigando y hasta han llegado a derribar los portones de las entradas, dijeron.El viceministro Espinoza aseguró que se han perdido más de 30.000 atenciones en los hospitales, mientras que la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Carballo exhortó a los trabajadores a reanudar sus servicios y a la ministra de Salud Pública los exhortó a "flexibilizar su posición".