Según la prensa local, la abogada Alma Beatriz Valle Flores de Mejía fue condenada a 21 años de prisión, mientras que Enriqueta Francisca Noriega Cano a 16, tras encontrarlas culpables de entregar en adopción a la niña Anyelí Liseth Hernández Rodríguez, en 2006, cuando la menor tenía unos seis meses de nacida.
En agosto pasado, un juzgado ordenó repatriar a la menor y en el fallo instruía a la Procuraduría General y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala coordinar con la embajada de Estados Unidos para localizar a la niña en ese país y restituirla a su madre biológica, Loyda Rodríguez Morales.
También ordenó la cancelación del pasaporte guatemalteco extendido a la niña a nombre de Karen Abigail Monahan Vanhorn, su nombre adoptivo.
“La resolución la consideramos histórica y es una luz de esperanza para todos los guatemaltecos, porque la justicia en Guatemala a pesar de todos los obstáculos, está cambiando no con pasos de gigantes como quisiéramos, pero sí caso a caso”, sostuvo la Fundación Sobrevivientes, querellante adhesivo en este proceso.
Hasta hace tres años las adopciones eran un negocio que generaba en Guatemala unos 200 millones de dólares al año, producto de unas 5.000 adopciones ilegales, el 95% a parejas estadounidenses.
Sin embargo, en 2008 entró en vigencia una nueva ley sobre adopciones, basada en estándares internacionales, que dio vida al Consejo Nacional de Adopciones como ente encargado de autorizar los procesos.
Por este caso de trata de personas están procesados nueve sospechosos, entre ellas un juez y tres funcionarios de la Procuraduría General, que firmaron los documentos para la adopción.
La Fundación dijo que “humildes mujeres han pasado hambre, frío, temor, desolación, y en algunos momentos desesperanza” para tratar de recuperar a sus hijos que fueron dados en adopción de forma fraudulenta.
“Este es apenas un primer logro, falta camino por recorrer, porque no existen antecedentes, nos toca que hacer camino”, agregó.
