El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Franco Frattini, llamó a consultas al embajador en Brasil, Gherardo La Francesca, tras la deci-sión del Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país de liberar al prófugo italiano Cesare Battisti.
En un comunicado dado a conocer ayer, se señala que el diplomático fue llamado de “forma temporal” con el objetivo de “profundizar juntos los aspectos técnicojurídicos relativos a la aplicación de los acuerdos bilaterales existentes” y la posibilidad “de recurrir ante las sedes jurisdiccionales internacionales”.
Frattini anunció el jueves que Italia recurrirá ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por la decisión del STF de negar la extradición de Battisti, quien fue declarado culpable de la muerte de cuatro personas en la década de 1970 cuando era militante de la guerrilla Proletarios Armados por el Comunismo (PAC).
Tras conocerse el dictamen de la justicia brasileña, el primer ministro Silvio Berlusconi dijo a través de un comunicado que “la decisión no tiene en cuenta las legítimas expec-tativas de justicia del pueblo italiano y, en particular, de los familiares de las víctimas de Battisti”.
Tras el fallo, Battisti salió la madrugada del jueves de la prisión de Papuda, en Brasilia, y se trasladó a un hotel, confirmó la oficina del abogado Luis Roberto Barroso, defen-sor del italiano.
El caso remeció las relaciones entre Brasil e Italia desde que el país sudamericano accedió en 2009 a admitirlo como refugiado.
El italiano escapó de una cárcel de su país en 1981 mientras esperaba ser enjui-ciado por su militancia guerrillera. Vivió en México antes de mudarse a Francia en 1990, cuando fue condenado a cadena perpetua en Italia. En 2004 llegó a Brasil, donde fue detenido tres años después. El ex ministro de Justicia Tarso Genro le otorgó la condición de refugiado en enero de 2009 al considerar que existía riesgo de que fuera perseguido si se le extraditaba a Italia.
El STF revirtió su decisión en noviembre de ese año al aprobar el pedido italiano de extradición, pero el fallo del máximo tribunal de justicia dejó en manos del presidente la última palabra sobre su envío a Italia.