La organización no gubernamental Campaign for Tobacco-free Kids brindará la asistencia financiera “que sea necesaria” a Uruguay para que éste enfrente un juicio de la tabacalera Philip Morris, que demandó al país por las medidas antitabaco implementadas en 2006. “El costo (del arbitraje) en esta primera fase tiene un techo de 200.000 dólares, estimamos que el apoyo que vamos a recibir de Tobacco-free Kids excede en gran parte esa suma”, dijo el canciller uruguayo Luis Almagro en conferencia de prensa. Por su parte, Matthew L. Myers, presidente de Campaign for Tobacco-free Kids, indicó a la AFP desde Washington que la organización seguirá trabajando con el gobierno uruguayo “en relación al monto de contribuciones financieras que sean necesarias y efectivas”. La organización “está comprometida en trabajar con el gobierno uruguayo para asegurarse de que tengan los recursos adecuados para pelear con Philip Morris International”, añadió. Myers saludó la decisión del gobierno uruguayo de “pelear por la salud de sus ciudadanos y no dejarse intimidar por la industria tabacalera” y destacó que “está claro que grupos de salud internacionales, expertos legales y países en todo el mundo respaldan fuertemente” a Uruguay. A inicios de año Philip Morris International (PMI) demandó al Estado uruguayo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, por los presuntos daños causados por las medidas adoptadas en Uruguay. El prosecretario de la Presidencia uruguaya, Diego Cánepa, destacó que el caso contra Uruguay es “absolutamente nuevo”, no solo para el país sino también en el CIADI, por lo que “hay mucho interés a nivel internacional desde el punto de vista académico”. “Cómo se resuelva va a sentar jurisprudencia respecto al futuro”, resaltó. En un comunicado difundido el domingo, la firma Abal Hermanos S.A., que representa a PMI en Uruguay, aclaró que la intención de la tabacalera no es que se elimine la prohibición de fumar en lugares públicos, sino que pretende que se revean las restricciones relativas a la publicidad y las advertencias sanitarias, que cubren el 80% de las cajillas. Philip Morris sostuvo que apoya la existencia de una regulación “eficaz e integral” que controle la producción y comercialización de los productos elaborados con tabaco, pero estimó que las medidas adoptadas por el gobierno uruguayo resultan “extremas”, “han afectado gravemente las inversiones de la empresa en Uruguay y la han privado de la capacidad de usar sus marcas legalmente registradas y protegidas”. La semana pasada, los ministros de Sanidad latinoamericanos, reunidos en la Organización Panamericana de Salud (OPS), expresaron su solidaridad con Uruguay en su conflicto judicial con PMI y su preocupación por lo que consideraron “campañas de desinformación” de la industria tabacalera. Según Almagro, “ayuda mucho a Uruguay tener este apoyo”. El canciller recordó además que el Ejecutivo está elaborando una ley que profundiza las medidas antitabaco y “fortalece algunos aspectos jurídicos” de las mismas. Según Cánepa, si se va hasta el final del proceso, duraría entre tres y cuatro años. “Estamos en las etapas iniciales, ahora nos queda conocer la demanda de Philip Morris y cómo se estructura la contestación”, explicó Almagro.
