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Abren nueva investigación a Olmedo López por escándalo en contrato de tierras

Olmedo López también está vinculado al caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Abren nueva investigación a Olmedo López por escándalo en contrato de tierras

Olmedo López. // Foto: Colprensa.

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Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), ahora enfrenta un nuevo proceso disciplinaria. La Procuraduría General de la Nación lo investiga, junto a otros exfuncionarios, por presuntas irregularidades en un contrato para la adquisición de tierras, destinadas a personas damnificadas por la temporada de invierno.

La Procuraduría busca esclarecer los motivos y razones que habrían llevado a Olmedo López y a los otros exfuncionarios a cambiar un convenio para la compra de terrenos que serían entregados a familias inscritas en el Registro Único Nacional de Damnificados.

Al parecer, en la modificación se habrían desviado $100 mil millones, bajo el argumento de la necesidad de atender emergencias y desastres provocados por el temporal de lluvias. Le puede interesar: Caso Ungrd: Olmedo López contra la Fiscalía por no apelar rechazo a preacuerdo

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Para la Procuraduría es importante establecer “si en la supuesta compra de predios se presentaron sobrecostos, o si efectivamente fueron entregados y a quiénes”.

Olmedo López, exdirector de Ungrd. // Foto: cortesía
Olmedo López, exdirector de Ungrd. // Foto: cortesía

Además de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, entre los investigados se encuentran Daniel María Medina González, exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Luis Alberto Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la Ungrd; María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, vicepresidente de Negocios Fiduciarios de La Fiduprevisora, y Daniela Andrea Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada de la misma entidad.

La apertura de esta investigación disciplinaria se suma a los recientes procesos que adelantan las autoridades frente a presuntos manejos irregulares de recursos públicos en entidades encargadas de la atención de emergencias en el país, con el objetivo de garantizar transparencia en el uso de los dineros destinados a la atención de familias damnificadas en Colombia.

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