La decisión de la Suprema de ordenar la captura los expresidentes del Senado y la Cámara por “aceptar indebidamente dineros públicos de la UNGRD, para impulsar o no oponerse al trámite de las reformas [del gobierno en el Congreso]” es la confirmación por parte del más alto tribunal de lo que ya se sabía: que ministros y otros altos funcionarios de Presidencia ordenaron usar dineros del Estado para comprar a los congresistas, que para eso se saqueó la UNGRD y que el objetivo fue facilitar el trámite de los proyectos gubernamentales en el Parlamento.
No es, ciertamente, el primero de los escándalos de Petro. Ahí están, entre otros; la confesión de su primogénito de que se financiaron ilegalmente y que él mismo se apropió parte de los recursos recibidos; el pacto del hermano de Petro con los bandidos en las cárceles que, según afirmó, fue lo que les permitió ganar las elecciones; la amenaza de Benedetti de abrir la boca para contar quiénes son los innombrables que habrían entregado $15.000 millones para la elección de Petro y que los llevaría a todos a la cárcel; la violación de topes en la campaña con dineros de la USO y Fecode, el uso de la narcoavioneta, las contribuciones de los lavadores de dinero y estafadores de Daily Cop y sus criptomonedas, los aportes mafiosos del Hombre Marlboro y de Sobrino, y un largo etcétera que demuestra que Petro ganó con trampa y violando la ley y el código penal; los aportes del gran capo del contrabando Papá Pitufo vía Xavier Vendrell y el nombramiento de sus fichas en la DIAN de la mano de, entre otros, el mismo hermano presidencial y algún ministro; las acusaciones de su excanciller y de su actual MinInterior de que es drogadicto; los desfalcos en MinDeportes, el Invías, la SAE, Hocol, las EPS intervenidas y un largo etcétera.
Por los cargos de los sobornados, por el propósito, por el origen de los recursos, por quienes los ordenaron, entre ellos tres ministros y el director de Presidencia, varios de ellos son sus íntimos amigos y excompañeros del M19, este es el peor de los escándalos y Petro tiene, sin duda, una ineludible responsabilidad política. Por la designación de sus funcionarios, porque el fin de la operación delincuencial lo tiene como su único beneficiario político, porque no es creíble que tal concierto para delinquir se hubiera llevado a cabo sin el conocimiento y la autorización de él mismo.
En otros países casi cualquiera de esos escándalos hubiera llevado a la renuncia del jefe de gobierno. Acá no pasa nada en la Comisión de Acusaciones, tampoco se activa un juicio por indignidad y ni siquiera lo exigen los congresistas de la oposición. Y la fiscal de Petro protege a los más altos funcionarios.
Hay un déficit grave en la ética pública, un letargo en la opinión que pareciera acostumbrada a la sucesión de escándalos sin fin, una flojedad inaceptable de los medios de comunicación, una endeblez desconcertante de la oposición, una evidente fragilidad en la institucionalidad democrática.