El 3 de septiembre de 2025, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó un operativo de control en las instalaciones de Carabineros de la Policía de Bogotá, ubicadas en la parte alta del Parque Nacional. La intervención, iniciada desde las 7:00 de la mañana, derivó en la incautación de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos que estaban en manos de internos, lo que reavivó el debate sobre el cumplimiento de las normas en los centros de detención especiales destinados a figuras públicas.
El procedimiento respondió a denuncias y alertas judiciales sobre posibles comunicaciones no autorizadas desde el interior del establecimiento. De acuerdo con lo publicado por El Tiempo, la revisión tenía como finalidad constatar si los detenidos mantenían contacto con el exterior mediante llamadas o mensajes electrónicos, prácticas expresamente prohibidas en este tipo de reclusión.
Entre las personas involucradas figuran personajes de alto perfil vinculados a casos de corrupción y delitos mediáticos. Entre ellos, la exdirectora para las Regiones, Sandra Ortiz, salpicada por el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y la creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia.
El balance del operativo fue concreto: se incautaron tres teléfonos móviles. Según confirmaron las autoridades a Noticias Caracol, uno de los dispositivos pertenecía a Barrera, quien cumple una condena de cinco años y dos meses por los delitos de daño en bien ajeno y vandalismo. Los celulares fueron hallados en habitaciones y baños, espacios en los que los internos tenían acceso restringido.
El Inpec subrayó que el uso de este tipo de aparatos está terminantemente prohibido para quienes se encuentran privados de la libertad, ya que representan un riesgo frente a la transparencia de los procesos judiciales en curso y la seguridad penitenciaria. Además, se advirtió que de comprobarse un incumplimiento sistemático de las normas de detención, algunos reclusos podrían ser trasladados a otras cárceles del país.
Epa Colombia podría ser trasladada
En ese sentido, existe la posibilidad de que Epa Colombia no continúe pagando su condena en la Escuela de Carabineros de Bogotá, centro que hasta ahora le ha servido como lugar de reclusión. La medida busca garantizar mayor control institucional y prevenir la repetición de conductas que socavan la normativa.
El caso, que involucra a personajes conocidos, volvió a poner bajo la lupa el manejo de privilegios en los centros de detención especiales y abrió un nuevo debate sobre la necesidad de reforzar la disciplina en los recintos que albergan a personalidades públicas procesadas por la justicia.