La exploración de petróleo fue uno de los asuntos que provocó incertidumbre cuando Gustavo Petro asumió la presidencia de Colombia, el mes pasado. Esto porque, tanto en su plan de gobierno como en los debates, resaltó que una de sus primeras acciones sería suspender, e incluso, decretar el cese a los nuevos contratos para el explorar el subsuelo en búsqueda de yacimientos petrolíficos.
“En nuestro gobierno se prohibirán la exploración y explotación de Yacimientos No Convencionales, se detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera. No se otorgarán nuevas licencias para la exploración de hidrocarburos, ni se permitirá la gran minería a cielo abierto”, dice el plan de gobierno de Petro.
El problema de esta postura, según la industria petrolera y expertos, es que la falta de seguridad energética, que se prevé sin la explotación de yacimientos, tendrían efectos fatales en la economía. Le puede interesar: Ley de Transición Energética, un impulso para las energías renovables.
“No debemos suspender nuestros esfuerzos exploratorios en ninguno de los tipos de yacimientos. Un país sin industria de hidrocarburos es un país muy debilitado en su economía y afectaría todo el desarrollo socioeconómico de absolutamente todos los colombianos”, indica a El Universal Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet).
Petro ha explicado, en medios nacionales, que su posición no se trata de suspender las exploración y explotación de yacimientos pues hay contratos vigentes, sino promover cada vez más las energías alternativas y cada vez menos los combustibles fósiles, hacia la transición energética, destacando que esto se planteó en su plan de administración.
“Sentaremos las bases de esta transición mediante el desescalamiento gradual del modelo extractivista, garantizando la confiabilidad y estabilidad del sistema energético”, dice el documento guía del mandato de Petro.
Encuentros y desencuentros
Tanto la industria de hidrocarburos como el Estado están de acuerdo en que es necesaria la transición hacia energías sostenibles, es decir, integrar a la matriz energética fuentes alternativas como la solar o la eólica, en concordancia con la tendencia a nivel internacional de migrar hacia modelos que reduzcan las emisiones de carbono y mitiguen el daño ambiental.
El centro del debate está en cuánto tiempo tomará esta transición. La intención de no permitir nuevos contratos de exploración del presidente está limitada a la vigencia de los contratos adjudicados hasta el gobierno de Duque y sujeta a si en esas exploraciones, en efecto, se encuentran pozos para explotar. Lea también: COVID y energía: aumenta el uso de fuentes renovables pero repuntea el consumo.
Ahora bien, el director ejecutivo de Acipet, la asociación que es cuerpo consultivo del Gobierno en temas de energía, resalta que hacer una transición energética en menos de 30 años, es peligroso y tendría consecuencias peores que las del cambio climático.
Destaca que lo ideal es que continúen los contratos de hidrocarburos, estipulando 6 años para explorar los territorios y 24 más para explotar.
“Hacer esta transición en 20 años es igual a precipitarla, lo que sería mucho más nefasto que el mismo cambio climático. Ni en 20, ni en 50 años tendríamos una transición energética total. Hay que continuar desarrollando el país con su alto potencial (80%) de energías primarias, a mediada que avanzamos en la transformación energética del mismo”, anota el directivo de Acipet.
Más allá de la supresión de los contratos de hidrocarburos, se han ido conociendo detalles del plan de transición energética del Gobierno. En el XIX Congreso Colombiano de Petróleo, Gas y Energía que se realizó a finales del mes pasado, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, afirmó que el proceso será “gradual” e “intensivo”, pero siempre garantizando la soberanía energética. Además, la transición será intersectorial por lo otras dependencias del Estado estarán involucradas, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los tres aspectos que se impulsarán son: la movilidad eléctrica y sostenible, la inversión extranjera y la consolidación de una industria local de la transición, el uso eficiente y responsable de la energía.
“Lo presentado por el Ministerio de Minas y Energía debe analizarse minuciosamente, cuidando siempre la seguridad energética de nuestro país y el desarrollo socioeconómico que esta implica. No podemos precipitar ningún proceso”, puntualiza el directivo de Acipet.