En Colombia, la construcción sostenible ya comenzó a dar sus primeros pasos, en términos de legislación. La industria cuenta con normas técnicas relacionadas con el aprovechamiento adecuado del agua y la energía, así como guías sobre cómo disponer de los residuos generados durante las obras y el funcionamiento del edificio.
Estas instrucciones y reglamentaciones han sido consignadas en varias normas, entre ellas, las leyes 1715 de 2014 y la 2099 de 2021; las resoluciones 319 de 2022, 549 de 2015, 472 de 2017 y la 1257 de 2021.
Incentivos y certificaciones
Entre los incentivos gubernamentales está la “exclusión de IVA y deducción de renta para equipos y elementos que contribuyan con la eficiencia energética”, como lo señala Juan David Lizcano Palacio, especialista jurídico del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS).
De acuerdo con cifras del dicha organización y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), hasta la fecha “se han certificado 562 solicitudes de incentivos de Gestión de Eficiencia de Energía, de las cuales 276 corresponden al sector terciario y 18 al sector residencial”.
El CCCS es la entidad que expide certificados como el LEED, el cual se le otorga únicamente a las edificaciones que cumplen con los estándares nacionales de sostenibilidad ambiental. Le puede interesar: Colombia acelera su marcha hacia la construcción sostenible.
Vacíos
Infortunadamente, como lo expone la ‘Hoja de Ruta Nacional de Edificaciones Neto Cero Carbono’ (2022), documento que señala las metas a seguir en materia de descarbonización del sector de la construcción con metas a mediano y largo plazo (hasta 2050), no hay una vigilancia del cumplimiento de las normas relacionadas con la construcción sostenible.
“Aún existen algunas barreras en la regulación y en la accesibilidad a las tecnologías que deberán resolverse en los próximos años para conseguir la implementación masiva de medidas de energía limpia y eficiencia energética en todas las edificaciones”, indica el documento.
Además, hay vacíos importantes en la norma. Todavía no hay una ley que aborde toda la cadena constructiva, desde la obtención y transporte de materias primas, hasta la realización de las obras, funcionamiento y mantenimiento de las mismas.
Sobre lo anterior, la hoja de ruta afirma que “a nivel de los procesos de diseño y construcción, el sector es en general poco tecnificado, hay mucha informalidad, se invierte poco en la planificación y diseño de los proyectos y, en general no se utilizan herramientas fundamentales para la toma de decisiones como son las simulaciones energéticas, térmicas, de iluminación, análisis de ciclo de vida, entre otras”.
Metas
La hoja de ruta define una serie de objetivos para descarbonizar la construcción poco a poco, con metas a 2030, 2040 y 2050. Concretamente, plantea 67 objetivos concretos centrados alrededor de seis ejes: “Prácticas corporativas, planeación urbana, materiales, edificaciones nuevas, edificaciones existentes, y asentamientos informales”.
El documento apunta a reducir tanto el carbono operacional como el carbono embedido. El primero se produce durante todo el proceso de construcción de un edificio, lo que incluye la obtención de los materiales, el levantamiento del inmueble y su posterior demolición. El segundo es el carbono emitido durante toda la vida útil de la obra. Puede leer: Construir ‘verde’ sí es una opción rentable para el mercado colombiano.
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