En Colombia hay 2,3 millones de hogares campesinos que sufren de déficit de vivienda, de acuerdo con el censo de 2018 realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). De ellos, 505.937 se encuentran en el departamento de Bolívar. Si todo sale bien, alrededor de 1.450 de esas familias podrían ser beneficiadas por la nueva Política de Vivienda Rural, que está a cargo del Ministerio de Vivienda y se formalizó a través del Decreto 1541 del 2020.
Este programa va dirigido a todo el país y es particularmente apremiante en el caso de Bolívar, que presenta uno de los déficits de vivienda rural más altos (97,1 %). Es necesario precisar que “en estos momentos, no podemos hablar de cuántos hogares resultarán beneficiados ni de cuánto se invertirá, pues todavía estamos esperando la publicación de los resultados, que será en febrero”, afirma Miguel Osorio Sayeh, director de Vivienda de la Gobernación de Bolívar.
¿Qué es el déficit de vivienda?
El término hace referencia a las necesidades insatisfecha, de cualquier persona o grupo familiar, relacionadas con la ausencia o el mal estado de su casa. El DANE habla de dos tipos: déficit cualitativo y déficit cuantitativo.
El déficit cualitativo se refiere a las “viviendas particulares que presentan deficiencias en la estructura del piso, espacio (hacinamiento mitigable y cocina) y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios”. El 60 % de las viviendas rurales del departamento poseen estos problemas, una cifra algo superior a la media nacional de 57,2 % y que ubican a Bolívar en la posición 11.
El cuantitativo, entretanto, contempla “la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar al stock para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento”; en otras palabras, ocurre cuando hay familias que no tienen casa. 37,1 % de las familias de la zona rural de Bolívar se encuentran en esta situación, muchas más del 23,7 % de la media nacional, lo que deja al departamento en la posición 12.
Para efectos de la nueva política, hay un factor adicional; la clasificación de los municipios en rojos y verdes. Los rojos son aquellos que por diversos factores (déficit habitacional, pobreza, presencia de actores del conflicto armado) se consideran en estado crítico. Los verdes presentan condiciones de vida más tolerables y menos carencias, pero también requieren de asistencia. En Bolívar, 21 de los 46 municipios están en rojo.
Así funciona este proyecto
Según Minvivienda, el objetivo de la política es “disminuir el déficit cualitativo y cuantitativo para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de los hogares rurales por medio de soluciones de vivienda digna”. Por ahora, en esta primera fase, se buscarán soluciones para el déficit cuantitativo, es decir, que únicamente se construirán viviendas nuevas para quienes no la tengan por cualquier motivo y que, además, no estén inscritos en ningún otro programa estatal que se relacione con el mismo problema. Además, estará dirigido a los municipios en estado rojo.
Las autoridades locales y el ministerio utilizarán recursos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y del Sistema General de Regalías para cofinanciar esta iniciativa. Para el caso de los municipios rojos, el Estado aportará el 80 % del monto y los entes territoriales, el 20 %; para los verdes, la proporción será de 50-50. El Minvivienda ya consiguió aprobar un presupuesto de $ 161.000 millones para invertir en esta fase.
A través de una convocatoria de expresiones de interés, los departamentos deben estipular a cuántas unidades familiares y municipios aspiran a beneficiar (siendo 200 el mínimo estipulado). De acuerdo con el director de vivienda Miguel Osorio Yaseh, la Gobernación pidió la aprobación de fondos para 1.450 familias, pero el Ministerio de Vivienda “puede rechazar esa propuesta y proponer a una cifra más baja”.
Una vez que los departamentos y Minvivienda lleguen a un acuerdo, las familias podrán postularse para recibir los beneficios del programa. El dinero se consignará en una Fiducia Mercantil y, terminada la selección de las familias, se procederá a una nueva convocatoria para escoger a los encargados de realizar las obras. La política aspira a cubrir unos 36.799 hogares a nivel nacional y esta fase se extenderá hasta el 2022.