El solo anuncio de la expedición de un decreto que declara la emergencia económica, tras el hundimiento de la Ley de Financiamietro o reforma tributaria, propuesta por el Gobierno nacional, generó una ola de reacciones de los principales gremios productivos del país que coinciden en que “no existen hechos sobrevinientes” que justifique esa medida.
Medios nacionales aseguran que el citado decreto ya se firmó, según fuentes del gabinete de Petro. (Lea aquí: Los tres factores que tienen a KIA de líder en el mercado de Colombia).
No existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional”:
Bruce Mac Master, presidente de la Andi.
Ante esa situación, la mayoría de los gremios están pidiendo la urgente intervención de la Corte Constitucional, pero preocupa que la decisión del Gobierno se toma en medio del receso de fin de año de la Corte, por lo que se pide a esa institución aplicar un control automática.
Aquí algunas reacciones de los principales gremios:
Andeg: esto se dice desde el sector eléctrico
En su cuenta de X, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, Alejando Castañeda Cuervo, señaló: “No existe un hecho sobreviniente, grave e inminente que habilite una emergencia económica. Hay fragilidad fiscal, sí, pero estructural, previsible y autoinfligida: derroche, deuda más cara, presupuestos inflados, metas irreales y mala focalización del gasto. Perder una ley de financiamiento no es una catástrofe, es democracia. Fabricar la crisis para luego decretarla como “emergencia” es manosear la figura constitucional y gobernar por atajo. La Constitución exige choques súbitos y excepcionales, no errores de gestión. Antes de poderes extraordinarios, están las herramientas ordinarias: recortar gasto improductivo, ajustar un presupuesto desbordado y mejorar la administración tributaria.Esto no es ideología: es derecho, datos y reglas de juego.El Ministro de Hacienda está hipotecando a Colombia. La Corte Constitucional debería aplicar el principio de prevención y bloquear la aplicación de este decreto".
El pronunciamiento de Fenalco
Desde Fenalco, uno de los gremios más críticos de la gestión del Gobierno Petro, mediante carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, se solicitó al Alto Tribunal “mantener una atención especial, preventiva y oportuna frente a una eventual declaratoria de estado de emergencia económica y a los decretos que pudieran expedirse en su desarrollo, con el fin de garantizar un control constitucional efectivo”.
El presidente ejecutivo de Fenalco, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional declare el estado de emergencia económica, especialmente en momentos en que la Rama Judicial se encuentra en período de vacancia. “Aunque hasta la fecha no existe un decreto que formalice tal declaratoria, el gremio considera necesario advertir sobre los riesgos jurídicos y económicos que podría generar el uso indebido de este mecanismo excepcional”.
“Los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción producen efectos jurídicos inmediatos, capaces de consolidar situaciones cuya reversión posterior puede resultar compleja, incluso ante una eventual declaratoria de inexequibilidad”.
“Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”, agregó el dirigente.
Finalmente, el presidente de Fenalco expresó su reconocimiento a la Corte Constitucional y al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar por su compromiso con la defensa de la Constitución, la separación de poderes y los límites al ejercicio del poder público, principios que constituyen la base de la estabilidad institucional y de la confianza de los sectores económicos y sociales del país.
La Corte Constitucional debería aplicar el principio de prevención y bloquear la aplicación de este decreto":
Alejandro Castañeda Cuervo, director ejecutivo de Andeg.
Aceptar que la negativa del Congreso justifique un estado de excepción vaciaría de contenido la separación de poderes y convertiría este mecanismo en un sustituto del trámite legislativo ordinario”:
Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente de Fenalco.
Esta es la postura de Aliadas
La Alianza de Asociaciones y Gemios (Aliadas) también se pronunció y en un comunicado expresa: “Manifestamos nuestra preocupación por una eventual declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por parte del Gobierno nacional encaminada a financiar el Presupuesto Nacional del 2026, tal como ha sido hecho público a través de los medios.
A juicio de esta Alianza no se configura el presupuesto material que haría procedente recurrir a la figura mencionada para adoptar medidas tributarias estructurales, las cuales nos permitimos dar a conocer a la Corte Constitucional: (1) la situación fiscal puede ser seria, pero es estructural y previsible, no un hecho “sobreviniente y excepcional”; se origina en decisiones de gasto y deuda que deben afrontarse con política fiscal ordinaria; (2) la no aprobación de una ley de financiamiento o de una reforma tributaria en el Congreso no constituye un choque extraordinario, sino un resultado propio de la democracia deliberativa; (3) plantear el escenario como “ley o abismo” configura un falso dilema, pues la Constitución exige un juicio técnico y jurídico, no decisiones por presión; (4) la emergencia es subsidiaria: solo procede si lo ordinario es insuficiente y ello debe acreditarse, cuando aún existen alternativas como reordenar gasto y ajustar instrumentos presupuestales; (5) también existe margen para mejorar la administración y gestión tributaria, lo cual no requiere estado de excepción; (6) la jurisprudencia constitucional ha insistido en que los estados de excepción son reglados, excepcionales y limitados, y no pueden emplearse para resolver problemas crónicos o estructurales; aun declarada, las medidas deben tener relación directa y específica con conjurar la crisis; en caso de expedirse el decreto declaratorio y una vez sea remitido en debida forma a esa Corporación, se priorice su trámite de control automático; incluso durante el receso de la Corte, dado que en nuestra opinión las circunstancias especiales lo ameritan, por supuesto sujeto a la Constitución, la ley y el reglamento interno de esa Honorable Corporación".
La Andi también se pronuncia
El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en carta enviada a la Corte Constitucional, señala que “es de suma importancia y manifiesta urgencia evidenciar ante la Corte la situación de antes advertida por variadas fuentes, sobre la intención del Gobierno de declarar la emertgencia económica en el momento en que la Corte se encuentra en periodo de vacancia judicial”.
Ante ese hecho, la Andi solicita a la Corte “la adopción de medidas urgentes, como la suspensión provisional del -eventual - decreto declaratorio del estado de emergencia econmómica”.
546 billones de pesos es el monto del Presupuesto General de la Nación para el año 2026 y según el Gobierno los recursos faltantes son de 16 billones de pesos, que representan el 2,9% de los recursos presupuestados":
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi.
El dirigente también señala que “no existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional”.
“Tampoco existe una perturbación grave e inminente del orden económico”, dijo Mac Master. (Lea aquí: Navidad y Fin de Año: así atenderán los bancos de manera presencial en Cartagena).