El Ministerio de Hacienda alista un decreto que podría cambiar las reglas del juego para millones de usuarios de billeteras digitales en Colombia. La propuesta contempla aplicar una retención en la fuente del 1,5 % a los pagos realizados a través de plataformas como Bre-B, Nequi, DaviPlata, PSE y otras aplicaciones electrónicas.
El documento, respaldado por la Dian y firmado por el ministro Germán Ávila Plazas, fue publicado para comentarios públicos y, según fuentes oficiales, sería firmado este viernes 25 de octubre. Si entra en vigor, cada transacción digital dejaría de ser gratuita, superando incluso el costo del conocido 4×1000.
La iniciativa modifica varios artículos del Decreto 1625 de 2016, con el propósito de “eliminar el tratamiento diferente” entre pagos electrónicos y los realizados con tarjetas de crédito o débito. En esencia, el Gobierno busca que todos los medios de pago —tarjetas, transferencias, códigos QR y depósitos digitales— tengan la misma tarifa de retención: 1,5 %.
Según el Ministerio, la medida apunta a “evitar el arbitraje entre productos financieros y reconocer un trato similar entre aquellos que ofrecen trazabilidad total”. Es decir, busca cerrar brechas entre los sistemas de pago tradicionales y las nuevas plataformas digitales.
El decreto aclara que la base de retención no incluirá impuestos ni propinas. Además, establece que los adquirentes y agregadores —las empresas que procesan los pagos digitales— serán los responsables de aplicar, descontar y reportar la retención directamente ante la Dian.
También se prevé que los pagos a personas naturales no responsables del IVA queden exentos de la medida. Pese a ello, el impacto más fuerte recaería sobre los comercios pequeños y medianos que utilizan estas plataformas como su principal canal de ventas.
Aunque el documento asegura que la medida “no requiere recursos presupuestales adicionales” y “no tiene impacto económico”, expertos del sector financiero discrepan. Implementar la retención, dicen, obligará a las plataformas a desarrollar sistemas de cálculo y reporte en tiempo real, generando costos operativos que podrían trasladarse a los comerciantes.
Para Francisco Gnecco, consultor en tecnología financiera, la iniciativa no solo busca “nivelar la cancha”, sino también reforzar la liquidez del Estado. “Las retenciones son adelantos de impuestos, pero en muchos casos afectan a pequeños negocios que ni siquiera declaran renta”, advirtió.
Por su parte, Baudo Pineda, CEO de la plataforma Refácil, alertó que este tipo de medidas “crea saldos a favor que nunca se recuperan”, convirtiéndose en recursos inmovilizados en la DIAN. Según él, “esa plata se queda empolvada junto con las buenas intenciones del Estado”.
Finalmente, Mauricio Jaramillo Marín, consultor en TIC, cuestionó el impacto sobre la inclusión financiera. “Bre-B y las billeteras digitales son avances enormes para la bancarización. Ponerles un impuesto frena la innovación y beneficia al efectivo”, afirmó. La decisión del Ministerio, si se concreta, podría marcar un retroceso en la digitalización de la economía colombiana.
La medida golpearía los micronegocios y a la inclusión financiera
Aunque el 1,5% parece poco, puede reducir a la mitad las utilidades de una tienda o peluquería. En negocios con márgenes del 3% al 7%, ese descuento se vuelve insoportable.
Para expertos del sector, la medida “va en contravía de la digitalización”, porque carga un costo adicional a comercios y pequeños empresarios que no pueden asumir.
El Banco de la República, creador y operador de Bre-B, respondió que aún analiza el alcance del decreto y no tiene posición oficial.
Por su parte, la senadora Angélica Lozano Correa, del partido Alianza Verde, cuestionó la propuesta del Gobierno de aplicar esta retención a las transacciones digitales y defendió el objetivo original de Bre-B, el sistema del Banco de la República.
“El propósito de Bre-B, que en apenas tres meses ya suma 32 millones de usuarios o llaves registradas, es digitalizar la economía y reducir el uso del efectivo, facilitando la vida de la gente con operaciones inmediatas y gratuitas, tanto para ciudadanos como para comercios”, señaló.
La congresista advirtió que la iniciativa del Ministerio de Hacienda de gravar con un 1,5% las transacciones en plataformas como Bre-B, Nequi, Daviplata o PSE es una “grave pretensión” que contradice el espíritu del sistema.
“El objetivo es promover la digitalización, no crear nuevos impuestos. Ministro, no puede perjudicar a la gente”, enfatizó Lozano.