A través del Decreto 1072 de 2025, el Ministerio de Minas y Energía otorgó un plazo de tres meses a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para implementar mecanismos que permitan limitar el costo de la energía eléctrica, en especial para los estratos 1 y 2.
Según la cartera ministerial, el objetivo de la norma es proteger a los hogares más vulnerables ante la volatilidad de los precios de la energía, sobre todo durante eventos climáticos como el fenómeno de El Niño, donde se tienden a incrementar los costos.
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Sin embargo, la norma no ha caído bien entre las empresas generadoras de energía eléctrica, que en conjunto alertaron que el decreto amenaza la estabilidad del mercado y su competitividad. Por esto, incluso solicitaron la suspensión de su aplicación.
Lo que dice el decreto del Ministerio de Minas y Energía
En la norma se establece que los generadores deben vender al menos el 95% de su energía mediante contratos. Además, promueve la creación de nuevos instrumentos flexibles de contratación y estrategias para incentivar el uso de fuentes no convencionales de energía renovable.
De esta manera, según el documento, se promueve la contratación de la energía a largo plazo, se reduce la exposición a la bolsa de energía y se fomenta un equilibrio entre el mercado regulado y el no regulado.
“El objetivo es que ningún colombiano pague más por la energía debido a la especulación o a la volatilidad de los precios de la bolsa. Este decreto fortalece la estabilidad tarifaria y garantiza un servicio más justo, confiable y predecible para todos los usuarios”, aseguró el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Las preocupaciones de los generadores de energía
Desde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) manifestaron su preocupación por el nuevo decreto, asegurando que las disposiciones que contiene “representan una intervención desproporcionada del mercado”.
Para el gremio, la obligación de vender al menos el 95% de la energía mediante contratos “atenta contra la libertad de empresa” y “elimina la capacidad de los generadores para optimizar recursos y cubrirse eficientemente ante fluctuaciones hidrológicas”.
Además, afirman que la norma desconoce la naturaleza técnica del recurso hídrico, afecta la libre competencia, pone en riesgo la sostenibilidad financiera y futuras inversiones en el sector, por lo cual insisten en que representa un “solución ineficiente”.
“Las consecuencias a mediano y largo plazo serán contraproducentes y se reflejarán en menores inversiones en generación, poniendo en riesgo la cantidad de energía disponible a futuro y estableciendo riesgos financieros para las empresas generadoras”, manifestaron.
Por este motivo, Acolgen pidió al Gobierno abstenerse de aplicar de este decreto y en su lugar, iniciar un diálogo técnico con los agentes del mercado. “Existen mecanismos más eficientes para proteger a los usuarios sin destruir la estructura del mercado que ha garantizado la confiabilidad energética durante décadas”, puntualizaron.