Mientras la Alcaldía, la ANI y Oinac (concesionario del Aeropuerto Rafael Núñez) parecen enfrentados por el proyecto de ampliación de esa terminal aérea y los trámites requeridos para emprender el proyecto no se han cumplido en su totalidad, la iniciativa completó 8 meses paralizada y los primeros síntomas de colapso ya se evidencian en las salas de espera de esa vieja infraestructura aeroportuaria.
Ante ese panorama, que podría dejar incluso a Cartagena sin la ampliación de su aeropuerto por una eventual caducidad del contrato con el concesionario, y ante un inminente colapso del Rafael Núñez que no podría atender la creciente demanda de pasajeros y operaciones aéreas los próximos años, antes de tener un nuevo aeropuerto, que en el mejor de los casos no será antes de 5 años, contados a partir de la aprobación del nuevo aeropuerto de Bayunca, que aún está en fase de evaluación, la Red de Veedurías de Colombia anunció que hará seguimiento a ese proyecto, y su presidente Pablo Bustos Sánchez asegura que tras las primeras averiguaciones “en términos generales, lo que se advierte es una dilación con razones que no están acompañadas, en nuestro criterio, hasta ahora técnicamente y jurídicamente, por parte de la Administración Distrital, y que ha impedido desarrollar el proyecto”. (Lea aquí: Conoce cuál es el departamento con mayor producción de coco en Colombia).
La verdadera solución no radica en seguir ampliando un aeropuerto estrangulado dentro del barrio Crespo, sino en concretar de una vez por todas su traslado hacia un área fuera del perímetro urbano, que garantice tanto el crecimiento aeroportuario como el derecho de los cartageneros a vivir en un entorno urbano equilibrado":
Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena.
“La Alcaldía, en últimas, está dejando al aeropuerto con los crespos hechos”, dijo Bustos Sánchez.
Su afirmación fue desmentida por Emilio Molina, de la Oficina de Control Urbano del Distrito. “El Distrito de Cartagena es garante de los derechos de las personas que habitan en nuestro territorio. Y en ese sentido, nosotros hemos estado atentos a la forma cómo se desarrolla, en este caso, la ampliación del aeropuerto para efectos de proteger los derechos, sobre todo de las comunidades aledañas a la ampliación del aeropuerto. Entonces, ahí podemos hablar de algunas comunidades que hoy se sienten afectadas por el aeropuerto, por la forma cómo se ha gestionado previamente el proyecto. Es decir, por ejemplo, también por razones ambientales, hay muchas personas que manifiestan ciertas observaciones al respecto. También hay un tema de conveniencia. Entonces, de acuerdo con nuestra planificación del territorio, también podríamos decir que se ven afectados algunos sectores del territorio producto de una ampliación del aeropuerto dentro de un casco urbano. Hay una planificación territorial que se ve afectada producto de que el aeropuerto se encuentra al interior de la ciudad o de un sector consolidado de la ciudad”, señala el funcionario.
Agrega que “ellos -Oinac- han solicitado o necesitan desafectar algunas vías o espacios públicos y que le pertenecen al inventario de bienes del Distrito de Cartagena. Pero esa desafectación, para que el Distrito pueda cederlos debe pasar por el Concejo Distrital. Y en eso es una gestión que debe adelantar Oinac, o las autoridades que correspondan”.
“También hay un tema con la gestión predial. La comunidad hoy está manifestando que están ofreciéndoles un valor inferior por sus predios. Esa es una queja permanente de la comunidad, que se siente, de alguna manera, que están siendo despojados de sus previos sin una compensación justa. Y eso es un reclamo permanente de la comunidad”.
Pese a esa declaración, Oinac precisó a mediados de septiembre que “el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez cuanta con 40 predios privado adquiridos (100% avaluados) y 30 ofertados, equivalentes al 75% de los predios, de los cuales cerca del 80% ya aceptaron” -la oferta-. Otra fuente de Oinac dijo ayer que ese proceso sigue avanzando.
Otras consideraciones de la Red de Veedurías
Para el presidente de la Red de Veedurías de Colombia, “Existe un incumplimiento del contrato por parte del Estado colombiano y una demora en la ejecución por cuenta de las dilaciones que le ha introducido concretamente y de manera fundamental la Alcaldía de Cartagena, toda vez que no ha atendido de manera juiciosa y responsable los resultados de los compromisos contractuales del Estado con el concesionario para el desarrollo del mismo como principalmente obedece a la entrega de ciertas áreas, zonas, calles e inclusive espacios públicos que debió haberlo hecho para que la obra hubiera podido comenzar adecuadamente con el cronograma de ejecución de obra que ha debido iniciarse de manera material y física desde marzo pasado y que ya lleva a la fecha cerca de 8 meses de demora en un proyecto que tenía para su construcción un periodo corto y de acometida ágil y dinámica”.
“Estamos en esta fase persuasiva y preventiva, pero muy pronto, sin duda, en los próximos días, una vez que cantemos con más la información que estamos recabando y tengamos las respuestas a esas solicitudes que se dan y contemos con la información que se está advirtiendo hacia la ANI y hacia la Procuraduría, cuyas respuestas también recabaremos para ejercicios de este control social y del acompañamiento preventivo, entonces, de confirmarse lo que hemos señalado y encontremos responsables, emprenderíamos acciones formales de responsabilidad concreta, tanto de nivel disciplinario y de responsabilidad fiscal, interpondríamos las acciones penales del caso. Buscamos el destrabamiento de esta fase inicial de ejecución de la concesión por cuenta de la no entrega de esos terrenos, y entraríamos a promover acciones judiciales para que se tomen las medidas cautelares necesarias”, señaló el Presidente de la Red de Veedurías.
Las respuestas del Distrito a la ANI en un derecho de petición
En reciente respuesta del Distrito de Cartagena a un derecho de petición presentado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) (derecho de petición 20253090350031, del 26 de septiembre de 2025), el alcalde Dumek Turbay señala: “Esta administración reitera con absoluta claridad que Cartagena necesita avanzar en su desarrollo, pero no sacrificando los derechos de sus residentes. Ningún proyecto, sin importar su magnitud o la entidad que la promueve, puede imponerse desconociendo a las comunidades que ya han entregado demasiado. El barrio Crespo ha soportado por años el impacto del aeropuerto y no se le seguir pidiendo más sacrificios. El progreso no puede significar despojo, ni cargar sobre los ciudadanos los problemas de una obra que claramente ya sobrepasó su capacidad. Nuestro deber es proteger a la comunidad...”.
Agrega...”la verdadera solución no radica en seguir ampliando un aeropuerto estrangulado dentro del barrio Crespo, sino en concretar de una vez por todas su traslado hacia un área fuera del perímetro urbano, que garantice tanto el crecimiento aeroportuario como el derecho de los cartageneros a vivir en un entorno urbano equilibrado...”.
La concesión reitera su inquietud de cuál es la entidad encargada de determinar el uso y procedimientos de ocupación y cierre de la carrera 3 con calle 73, vía contigua al aeropuerto”:
Concesión Oinac
El mensaje de la concesión
La Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena, Oinac (operador del aeropuerto Rafael Núñez) evió este mensaje a petición de El Universal:
“La concesión, desde el 28 de octubre de 2024, ha solicitado a la Alcaldía de Cartagena aclarar el procedimiento para el derecho de ocupación o cierre temporal de vía. Estas diligencias se han realizado a través del Departamento Administrativo de Control Urbano, la Dirección de Apoyo Logístico, la Gerencia del Espacio Público, Planeación Distrital y la Oficina de Asesoría Jurídica del Distrito. Lo anterior puesto que no hay claridad sobre la titularidad de la carrera 3 con calle 73, contigua al Aeropuerto Internacional Rafael Núñez”.
“La concesión ha respondido, en sus tiempos, las diversas solicitudes de información que han realizado cada una de las dependencias mencionadas, no obstante, a la fecha, no se ha tenido una decisión de fondo, de parte de la Alcaldía, sobre el procedimiento requerido por parte de Oinac.
“La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), también ha realizado dos derechos de petición al Distrito para dar claridad sobre la vía, sin que hasta el momento se tenga información definitiva al respecto. Inclusive, la Procuraduría General de la Nación, ha estado atenta a este proceso y ha solicitado también a la ANI claridad para determinar la situación actual de ampliación del aeropuerto de Cartagena”.
“La concesión reitera su inquietud de cuál es la entidad encargada de determinar el uso y procedimientos de ocupación y cierre de la carrera 3 con calle 73, vía contigua al aeropuerto”, señala el mensaje de Oinac, fechado el 6 de octubre.
Según Control Urbano del Distrito, las vías que requiere el proyecto de ampliación del Rafael Núñez están en la Carrera 3 entre calle 71 y Calle 73, la Calle 73 entre carreras 2 y 3 y Calle 72 entre Carrera 2 y 3 y reitera que esa autorización debe darla el Concejo Distrital.
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