El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, condenaron el atentado violento perpetrado en la madrugada de este lunes contra maquinaria, equipos y vehículos de la Concesión Autopista del Río Grande, en Pelaya, departamento del Cesar.
“Rechazo de manera categórica estos actos violentos que atentan contra la vida, la infraestructura y el desarrollo del país”, reaccionó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas. (Lea aquí: Debate de control político a la gerente general del ICA ya tiene fecha).
Al Gobierno nacional le exigimos presencia real y efectiva del Estado en el territorio, una respuesta inmediata, articulada y contundente frente a este crimen, y garantías concretas para salvaguardar la vida de quienes hacen posible esta obra y asegurar su continuidad...“:
Concesión Autopistas del Río Grande
Por su parte, Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, señaló que el ”este ataque, representa no solo una agresión contra los bienes del concesionario, sino también una amenaza directa al desarrollo regional, la estabilidad laboral de cientos de familias y el compromiso institucional con el progreso del país".
Habla la concesión
La Concesión Autopistas del Río Grande y sus socios KMA Construcciones (de Cartagena) y el Grupo Ortiz, también condenaron el atentado contra la unidad industrial de esa concesión en Pelaya (Cesar), registrado en la madrugada de este lunes.
No puede haber infraestructura sin garantías de seguridad. No puede haber desarrollo sin presencia estatal. Y no puede silencio institucional frente a los hechos que rayan con el terrorismo”
Concesión Autopistas del Río Grande
La acción, atribuida a un grupo armado, dejó como resultado la quema de más de 33 equipos, maquinaria y vehículos de obra.
El atentado, que pone en riesgo la continuidad de la Troncal Magdalena 2, una de las obras más estratégicas para la conectividad víal y el desarrollo económico del país, señala la Concesión Autopistas del Río Grande, en un comunicado.
“Al Gobierno nacional le exigimos presencia real y efectiva del Estado en el territorio, una respuesta inmediata, articulada y contundente frente a este crimen, y garantías concretas para salvaguardar la vida de quienes hacen posible esta obra y asegurar su continuidad”, reclama la Concesión en el comunicado.
Ademas, asegura que “no puede haber infraestructura sin garantías de seguridad. No puede haber desarrollo sin presencia estatal. Y no puede silencio institucional frente a los hechos que rayan con el terrorismo”. (Lea aquí: Ísimo abrirá 100 tiendas en 2025: ¿Cuántas estarán en Bolívar?).
KMA Construcciones, uno de los socios de la concesión, es una firma cartagenera, la misma que participa en la Concesión Autopistas del Caribe, responsable del contrato de ampliación de la carretera de La Cordialidad que une a Cartagena con Barranquilla y con alcance en un tramo de la Troncal de Occidente, que incluye los polémicos peajes de Turbaco (Bolívar) y de Arroyo de Piedra (Atlántico). Esta concesión corre el riesgo de ser liquidada.
Este ataque, representa no solo una agresión contra los bienes del concesionario, sino también una amenaza directa al desarrollo regional, la estabilidad laboral de cientos de familias y el compromiso institucional con el progreso del país".
Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.
