Colombia fue seleccionada como sede de la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que se celebrará en Bogotá en el primer trimestre de 2026.
La designación fue aprobada por unanimidad por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), la principal entidad intergubernamental encargada de orientar a las Naciones Unidas en temas de seguridad alimentaria. Puede leer: La Ley de jurisdicción agraria fue radicada en el Senado: así va el proyecto
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, presentó la propuesta durante una reunión del CSA en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y obtuvo el respaldo de países como Brasil, Estados Unidos, Cuba, India y Reino Unido.
La conferencia abordará temas clave como la tenencia de la tierra, el cambio climático y la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles.
Carvajalino destacó que la conferencia será una oportunidad para que el mundo discuta sobre esto y cómo las comunidades locales pueden ser parte de la transición hacia una producción más resiliente.
“Estamos hablando de una posibilidad para que el mundo discuta a propósito de los temas de biodiversidad, del clima y de los suelos en el 2026”, afirmó la ministra.
Según Carvajalino, garantizar la seguridad sobre la tierra es esencial para el desarrollo rural y la lucha contra el hambre y la pobreza. En este sentido manifestó que la apuesta está en que las comunidades que viven en zonas agrícolas “no solo tengan una relación segura con la tierra, el agua y los bosques, sino que además tengan un acompañamiento del Estado para mejorar su calidad de vida".
Así mismo, advirtió que la participación internacional es fundamental para la producción sostenible en los sistemas agroalimentarios y subrayó la importancia de las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas en la conservación y gestión de los recursos naturales.
De esta manera, añadió que la reforma agraria no solo es crucial para la seguridad alimentaria, sino también para garantizar la paz y evitar futuros conflictos relacionados con la tenencia de la tierra.