Los amantes de las golosinas, las bebidas azucaradas, los fritos, los ponqués y demás alimentos, deberán alistar el bolsillo, porque en las vitrinas de panaderías, tiendas de barrio y almacenes de cadena, estos productos le costarán unos cuantos pesos más.
El medio nacional El Colombiano hizo un ejercicio y salió a comprar mecato en tiendas de barrio y micromercados de Medellín. Encontró que estos productos presentan alzas que superan el 10% a raíz del impuesto saludable, que rige desde el 1 de noviembre por la reforma tributaria del Gobierno Petro y que fue aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado. Lea también: Bitcoin: más que duplicado durante el año en su resurgimiento
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 50 de cada 100 adultos colombianos consumía alimentos de paquete en el 2022. La cifra es más alta en niños, pues 72 de cada 100 declararon alimentarse con ultraprocesados.
La medida tributaria se medirá en las bebidas por gramo de azúcar añadido por cada 100 mililitros de contenido. De esta manera, si una bebida cuenta con una cantidad mayor a seis gramos de azúcar, en 100 mililitros de contenido, tendrá impuesto de $18 en 2023.
El objetivo
Según lo estipulado por el Gobierno Nacional, dicho recurso tributario no está enfocado en recaudar recursos, sino que busca desestimular el consumo de esos alimentos que afectan la salud de las personas. El Gobierno defiende que su finalidad es mejorar la salud pública. De hecho, Colombia no es el único país que implementa una medida de este carácter, ya son cerca de 50 naciones que cuentan con políticas en contra de esa clase de productos.
Un caso es el de Chile, que en una reforma tributaria del Gobierno de Michelle Bachelet, incrementó el impuesto a a dichas bebidas en 5 puntos porcentuales, y pasó del 13% a uno del 18%, igualmente ese país cuenta con etiquetados saludables para advertir sobre el exceso de azúcar y demás.
Según una investigación publicada en enero de 2020 en la revista Social Science & Medicine, los efectos son notables. En 2012 un chileno consumía en promedio 116,2 litros de gaseosas, pero el consumo de azucaradas disminuyó en un 22% en apenas cuatro años de aumentarse el impuesto.
Ya opera
En Colombia, la medida empezó a regir el 1 de noviembre, y en Medellín las alzas no se hicieron esperar. En algunas tiendas y establecimientos de cadena ya contaban con ese impuesto. Otros negocios expresaron que los proveedores todavía no habían informado de nuevos precios. Lo cierto es que EL COLOMBIANO encontró que el mecato presentó variaciones más altas de lo esperado, entre el 10% y el 17% en sectores como Belén y Manrique.
Por ejemplo, una galleta Oreo de cuatro unidades valía hace unos días $1.400 y ahora cuesta $1.600, lo que significa que el incremento fue de 14,2%. El Chocorramo, que podía adquirirse por $2.000, se encontró hasta en $2.300, un alza del 15%. Ni qué hablar de un six pack de Coca-Cola de 250 mililitros, que en uno de los almacenes de cadena más reconocidos del país, subió de $10.250 a $12.000, un aumento del 17% entre la noche del 31 de octubre y la mañana del 1 de noviembre. Lea también: Costos ocultos están afectando los sistemas agroalimentarios: Fao
Otros productos están con precios más ajustados al incremento del impuesto (10%), por ejemplo: una paleta Drácula que tenía un precio de $4.000, ahora se vende por $4.400; o una galleta Tosh de miel, que pasó de $900 a valer $1.000, aumentos entre el 10% y el 11%.
La crítica
Pese a que el Gobierno justifica las alzas con un fin de bienestar, gremios argumentan que la medida perjudicará la salud del bolsillo ciudadano y también el de los tenderos. De hecho, uno de los críticos es la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco). Según el gremio, los estratos populares tendrán un sobreprecio en cerca de 20 productos, lo que generaría un impacto en el costo de la canasta familiar.
Asimismo, Fenalco advirtió que en el primer año de impuesto se generaría una disminución de 8% en los ingresos de las tiendas y panaderías. Incluso, agregó que en tres años el 25% de las tiendas de barrio estarían en riesgo de desaparecer a raíz de la medida.