La empresa de generación y comercialización de energía Isagen, dueña de 19 centrales de generación en el país, que le aportan a la canasta energética colombiana cerca de 3.000 megavatios (MW), insistió en que el Gobierno adopte políticas de largo plazo y decisiones de coyuntura para solucionar la problemática de las tarifas de energía en el país. (Lea aquí: Declaran oficialmente el fenómeno de El Niño a nivel mundial).
“Hemos llegado a esta situación de tarifas por una combinación de situaciones de coyuntura. Conocidos son los retrasos de Hidroituango y de los proyectos eólicos de la Guajira, que han impactado dramáticamente la oferta disponible. A su vez dentro de lo coyuntural encontramos el actual fenómeno de ‘El Niño’, el crecimiento de la demanda y la actualización de las tarifas luego del periodo de suspensión de incrementos por la pandemia”.
La compañía precisa que “las empresas de generación no vivimos de las ganancias extraordinarias atípicas en la Bolsa de energía. Nuestra sostenibilidad consiste en operar activos a largo plazo bajo un mercado en competencia y con reglas estables”.
Ante ese panorama, Isagen ha propuesto que el porcentaje de precio de Bolsa correspondiente a condiciones atípicas de mercado sea aportado directamente a un Fondo del Gobierno, destinado a un subsidio de precio para los más vulnerables. También ha propuesto la realización de unas subastas de contratos a largo plazo bajo la figura de pague lo generado, para que las distribuidoras más expuestas a los precios de Bolsa se protejan de la volatilidad.
Soluciones para la coyuntura
Abordar la solución modificando improvisadamente el marco normativo como propone la Resolución 701 de la CREG ( en discusión cuando se editó esta nota), no contribuirá a solucionar la problemática. La mencionada norma establece que toda la generación asociada a los volúmenes de caudal ambiental que sea vendida en Bolsa no sea remunerada al generador, un precedente inquietante que de facto equivale confiscar un ingreso esperado y modelado a la hora de efectuar las inversiones, señala Isagen.
Agrega que “igualmente, preocupante es el interés en modificar el funcionamiento de la CREG, piedra angular de la institucionalidad sectorial, restándole independencia y rigor a su proceso decisorio. Estas propuestas, en nada apuntan a solucionar los problemas de coyuntura mencionados y si afectan las expectativas de los inversionistas impactando directamente las expansiones que por cerca de $7 billones anuales angustiosamente requiere el país”.
“El marco regulatorio del sector eléctrico y la institucionalidad sectorial le han permitido a Colombia pasar de 11 GW de potencia instalada a más de 21 GW, ha canalizado inversiones particulares que a valor presente representan más de 134 billones de pesos y avanzar hacia un servicio casi universal, 70% renovable y altamente confiable. Nuestra invitación al Gobierno es a construir soluciones a la crisis mediante decisiones que efectivamente se traduzcan en impactos certeros y de corto plazo, manteniendo el vigor de la expansión eléctrica en el país”, dice Isagen. (Lea aquí: Fenómeno de ‘El Niño’: GNL, combustible que garantiza la generación térmica).
