Para reforzar la lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la corrupción y la evasión fiscal, la Dian, en asocio con otras entidades del Estado, implementó el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB), norma que obliga a las personas jurídicas y las estructuras sin personería jurídica o parecidas, a reportar información sobre sus beneficiarios finales. (Lea aquí: DIAN supera metas de recaudo y fortalece la lucha contra la evasión):
El plazo para hacer este trámite vence este 31 de julio de 2023 y están obligados a cumplir con esta norma las personas naturales, que actuando de manera individual o en conjunto, sean titulares directos o indirectamente, del 5% o más del capital o de los derechos de voto de la persona jurídica y/o se beneficie en 5% o más de los rendimientos, utilidades o activos.
Con el apoyo de Auren, una firma que nace en España hace más de 25 años, especializada en asesoría corporativa y tributaria, y que en Colombia lleva 15 años en el mercado, con servicios en Bogotá, Medellín y Cartagena, entregamos hoy detalles sobre esta nueva norma.
Leidy V. Orjuela, directora Legal e Impuestos de Auren, recordó que son beneficiarios finales aquellas personas naturales que están detrás de cada una de las personas jurídicas que existen en Colombia. “La norma pregunta quiénes son los accionistas, personas naturales detrás de una sociedad. Si cada uno de los accionistas son personas naturales y cada uno de ellos tiene más del 5% del capital, los derechos de votos, va a ser beneficiario final”.
No obstante, Orjuela destaca que se puede presentar que detrás de la sociedad esté otra persona jurídica. La norma dice que en este caso el administrador de la sociedad tiene que ir a preguntarle a esa otra sociedad quiénes son las personas naturales detrás de esa persona jurídica y subir por el entramado de sociedades detrás de la composición accionaria.
“Para el caso de un fidecomiso, un patrimonio autónomo, un consorcio, una unión temporal, estructuras sin personería jurídica, que son otro tipo de obligados, no se mira el porcentaje, sino los roles. Si esa persona es constituyente o fideicomitente se debe reportar como beneficiario final. El obligado en cumplir con estas obligaciones en cada persona jurídica es el representante legal de la sociedad, que está obligado a hacer una debida diligencia”, dijo Orjuela.
Añade que si en la composición accionaria hay familiares hasta el segundo grado de consanguinidad: hermanos, abuelos, cónyuge, y si sumados dan el 5% se deben reportar como beneficiarios finales. (Lea aquí: Conozca los tipos de fraude fiscal más comunes).
Si el representante legal de una sociedad no hace la inscripción a 31 de julio de los beneficiarios finales, va a tener una sanción de una UVT (Unidad de Valor Tributario) por cada día de retraso. Ese valor es fijado anualmente por la Dian y para este año 2023 equivale a 42.412 pesos. Adicionalmente, si no se hace la debida diligencia, la norma le puede sancionar hasta con 100 UVT por informar de forma incorrecta o falsa a la Dian. Cuando hay modificaciones en ese registro de beneficiarios finales, es decir, tienen más del 5% del capital, en adelante cada mes de enero, abril, julio y octubre se deben hacer actualizaciones en ese registro único de beneficiarios finales. Sino se hacen las actualizaciones también tendrá sanciones de una UVT por cada día de retraso en la actualización.
Para no incurrir en fallas, que le llevan a afrontar sanciones, solicite la información con el tiempo debido y precisar si los accionistas son familiares hasta el segundo grado de consanguinidad.
