El proyecto de reforma tributaria del Gobierno nacional establece topes de ventas al territorio aduanero nacional para las empresas (usuarios) ubicadas en zonas francas (en el 2026 el tope será del 20%, es decir, que en dicho año mínimo el 80% de los ingresos de estas deberán ser producto de exportaciones), y en caso de incumplirlos, deberán asumir una tarifa del impuesto de renta que supera en 15% a la que actualmente tienen.
Asimismo, si los usuarios industriales incumplen los topes mencionados durante tres años consecutivos, perderán la calificación que los reconoce como tales, y por consiguiente, perderán todos los beneficios del régimen franco (dentro de los cuales se establecen los impuestos a las importaciones y exportaciones de bienes).
Al considerar que el 90% de las empresas instaladas en zonas francas son micro, pequeñas y medianas (en las 122 zonas francas del país se identifican inversiones que superan los 44 billones de pesos y la presencia de más de 1.000 empresas, de las cuales por lo menos 900 son mipymes), se evidencia que difícilmente estas organizaciones podrán cumplir con los topes mencionados en los cortos plazos establecidos.
Por lo tanto, estas empresas empezarán a asumir una carga tributaria desmedida desde el presente periodo de gobierno, lo que ocasionará la liquidación de algunas de estas compañías, y a su vez obligará a las empresas restantes a incrementar el precio de sus productos y/o servicios, y a recurrir a recortes de personal (las empresas ubicadas en zonas francas crean más de 147.000 empleos) para garantizar su supervivencia.
Esto significa que el artículo relacionado con las zonas francas del actual proyecto de reforma tributaria conduce a la inflación, al desempleo, a la disminución de la eficiencia y de la competitividad; y a la agudización de la pobreza, del hambre, de la desigualdad y de la inseguridad.
Cabe resaltar que el Gobierno nacional busca todo lo contrario, por lo tanto aún está a tiempo de dialogar con el Congreso de la República, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), la Asociación Nacional de Comercio Exterior (ANALDEX), y las zonas francas y sus usuarios, entre otros actores, en aras de lograr consensos que corrijan el rumbo del actual proyecto de reforma tributaria.
En Zona Franca La Candelaria (ZFLC) se ubican hoy 77 compañías que conforman un tejido empresarial y encadenamiento productivo con más de 4.100 empleos. Estas firmas han realizado inversiones que superan 1 billón de pesos y en el 2021 tuvieron exportaciones por más de 63 millones de dólares.
Esta zona recientemente lanzó la última versión de su Plan Maestro Ambiental, Social y Tecnológico (PAST), el que se busca desarrollar en el marco de la declaratoria de prórroga que justamente el Gobierno aprobó por 30 años más.
El PAST de ZFLC incluye 30 proyectos ambientales que permitirán reducir y absorber las emisiones de dióxido de carbono (CO2), mejorar la calidad del aire, proteger la biodiversidad y mejorar la movilidad de Cartagena; 28 proyectos sociales que posibilitarán reducir el desempleo y las problemáticas ligadas a ese tema (la pobreza, el hambre, la desigualdad y la inseguridad, entre otras), potenciar el desarrollo socioeconómico, y promover la diversidad y la inclusión; y más de una decena de proyectos relacionados con la tecnología que incrementarán la productividad y la eficiencia de las empresas de ZFLC e impulsarán la competitividad y el crecimiento económico.
Al analizar lo anterior se aprecia que si la reforma tributaria llega a ser aprobada, se pondría en jaque a las empresas que están ubicadas en las zonas francas, y por ende, a las zonas francas per se, lo que obstaculizaría el desarrollo del PAST de ZFLC.
Las zonas francas enfrentan el reto de continuar aumentando las exportaciones contribuyendo al desarrollo ambiental, social y tecnológico del país, mientras que al Gobierno nacional correspondería continuar y solidificar un contexto que facilite y potencie dichas contribuciones.