Después de dos meses de asumir su cargo como ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo le presentó al país los principales ejes que tendrá la nueva reforma tributaria que presentará el Gobierno al Congreso de la República este 20 de julio.
El articulado, que irá al legislativo con mensaje de urgencia, busca recaudar $15,2 billones, una suma significativamente inferior a los $24 billones que se habían planteado con anterioridad. Además, fue planteado con un enfoque social y sin tocar el bolsillo de la clase media y de los más vulnerables del país.
El funcionario habló sobre los principales ejes que tendrá el denominado “Proyecto de Inversión Social”, el cual considera que servirá para generar una estabilidad en las finanzas públicas del país, contribuirá al crecimiento de la economía y logrará un positivo impacto social.
¿Cuáles van a ser los principales ejes del proyecto de inversión social?
El corazón del proyecto es un propósito social, porque entendimos, con sentido empático, que en este momento se necesitan atender tantas dificultades que tienen los sectores vulnerables de nuestro país. Por eso, desde el inicio buscamos cómo contribuir a la identificación de fuentes para atender las necesidades de mujeres y madres cabeza de familia que necesitan un apoyo a través de un subsidio, y pensamos extender el programa Ingreso Solidario y lograr que este llegue a 10 millones de colombianos.
En segundo lugar, buscamos cómo generar subsidios para que los jóvenes adquieran su oportunidad laboral, también hacer lo mismo para subsidios dirigidos a mujeres y hombres que perdieron su empleo y que necesitan un apoyo a través de un subsidio que incentive al sector productivo a vincularlos.
También tiene otro propósito para atender la necesidad de la matrícula cero en instituciones de educación superior oficiales, llegar a esos 700 mil jóvenes que hoy, por venir de familias vulnerables, no tienen esa opción; así como responder al propósito de apoyar con un subsidio a la nómina a la micro y pequeña empresa de nuestro país y con ellos poder contribuir a que se conserve el empleo.
¿De dónde van a salir esos $15,2 billones con los que se busca responder a estos propósitos?
La apuesta es que el Gobierno ponga un primer paso, que es austeridad en el gasto público y lucha contra la evasión. Estos dos instrumentos ponen el 31% de la reforma. El resto viene de una iniciativa de sentido solidario, donde los sectores productivos han dicho aquí estamos listos y dispuestos a contribuir al propósito de financiar ese proyecto social y estamos dispuestos a ceder parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del año 2019, de tal manera que con eso, y un ejercicio de normalización tributaria, se pueda financiar el propósito social, se logre una estabilidad fiscal y también crecimiento económico.
Usted ha mencionado que la clase media y los más vulnerables no van a ser los que financien esta reforma, entonces ¿quiénes se van a meter la mano al bolsillo?
Hemos sido muy claros que no lo va a hacer la clase media, no lo va a hacer la clase trabajadora, no lo van a hacer las clases vulnerables, no lo van a hacer las personas naturales en general, lo hacen las corporaciones, las personas jurídicas con base en sus utilidades y lo hacen a través de los beneficios que se habían contemplado en la Ley de Crecimiento de 2019.
¿Cómo se va a lograr eso?
Los empresarios han tomado la decisión de contribuir a este propósito y eso lo vamos a lograr desmontando el beneficio que se había contemplado en la Ley de Crecimiento, de llegar a un 100% del descuento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que ya no será del 100% sino del 50%. La otra fuente de ingreso es desmontando esa disminución que se tenía prevista gradual de personas jurídicas y se establece una tarifa del 35%, menor al 37% de 2018. Esto genera un recaudo adicional por año de $10,5 billones.
La otra fuente de ingreso, pero esta ya no será permanente, es el sector financiero con la sobretasa de 3 puntos porcentuales por encima de la tasa corporativa; y otros son los que aprovechen la oportunidad de normalización tributaria que se propondrá para 2022. La primera generaría un recaudo adicional de $392 mil millones y la segunda de $300 mil millones en 2021 y $460 mil millones en 2022.
¿Cómo se va ejecutar esa sobretasa al sector financiero y cómo lo recibió el sector?
Lo positivo es que en la construcción del consenso estuvieron presentes y están acompañando la iniciativa con ese sentido de solidaridad, de decir, “bueno, puede ser que no nos guste el impuesto en particular, pero estamos listos y dispuestos a contribuir”. Esta aplicaría solo por tres años, a partir de 2023 hasta 2025.
¿Cómo garantizar que no se toque a la clase media en la reforma?
Lo que nosotros hemos señalado es que los $15 billones se recogen exclusivamente con lo que acabo de señalar y no existe ninguna modificación al IVA, ninguna modificación a la base del impuesto de renta y ninguna modificación al impuesto a pensiones, lo que significa que no se va a perjudicar a esa clase media y a esa clase vulnerable, por el contrario se va a ver beneficiada.
¿El plan de austeridad qué tan “ambicioso” va a ser?
Es uno de los que más fuertemente se ha diseñado, son casi $1,9 billones y contempla limitar el crecimiento de la burocracia.
Aunque se sostiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores, se restringen los cambios, ajustes y reestructuraciones a las plantas de personal; se optimiza el pago de horas extras; se hace un congelamiento de las vacantes; se controla el crecimiento de la adquisición de bienes y servicios que no superen la inflación en 10 años; se camina hacia una reducción del 50% en gastos de viáticos, papelería, impresión, publicidad, vehículos y combustible; no se renuevan programas de telefonía celular, salvo razones de seguridad.
También se hace un control en los costos de arrendamiento en las instalaciones físicas; se toma la decisión de avanzar en un proyecto de racionalización de esquemas de seguridad; y también se dan facultades para escisiones, fusiones y supresiones; así como se hace avance en el control de los contratos de prestación de servicios.
¿A cuánto asciende la evasión en el país y cuánto esperan recortar con el proyecto?
Con este proyecto nosotros esperamos recortar cerca de $2,7 billones, pero como tal no hay una cifra que uno pudiera decir con certeza o claridad de evasión. Lo que sí puedo decir, es que nosotros hemos hecho un esfuerzo significativo de luchas contra la evasión, que ha implicado por lo menos $8 billones en un solo año y en este caso particular agregar $2,7 billones más al fisco.
Una cosa es el proyecto como tal que ustedes van a presentar el próximo 20 de julio y otro diferente el que sale del Congreso de la República. ¿Qué tanto está dispuesto el Gobierno a ceder en medio de las discusiones?
Es muy importante señalar que este proyecto se ha venido estructurando por la vía de un consenso con distintos actores políticos, se han hablado y acordado algunos de estos temas de tal manera que hay cierto nivel de consenso en la iniciativa, eso va a facilitar la discusión en el Congreso de la República.
Obviamente, el Congreso es el seno de la democracia y hay que abrir a que se dé el debate, pero lo que hay que garantizar es que se mantenga el propósito social, y que ese propósito social esté financiado con fuentes, la mayoría de ellas permanentes, y que el proyecto garantice unos recursos que nos permitan también dar sostenibilidad a las finanzas públicas.
Pero, ¿sí resuelve en parte el problema que atraviesa en este momento el país y ayudará a recuperar el grado de inversión?
La reforma envía un mensaje de estabilidad en el comportamiento de la deuda, garantiza que hay una reducción en la misma hasta el orden de un 60%, logra también una reducción del déficit fiscal, de tal manera que logremos hacia 2024 un superávit primario y de ahí en adelante se siga mejorando el comportamiento de la deuda pública, luego sí genera estabilidad en las finanzas, contribuye al crecimiento y logra estabilidad social.
Si retorna o no retorna el grado de inversión, es un tema que no puedo prometer, porque la recuperación es un proceso que dura uno o varios años, esto no es de un día para otro, pero sí va en el camino de recuperarlo, es decir, preparar la senda que nos permita llegar a ese propósito, a lo cual hay que sumar el crecimiento económico, donde también estamos trabajando, y la recuperación o mejoramiento en el déficit de cuenta corriente por la vía de diversificación exportadora, que ya se viene dando.
Hasta ahora se ha visto un buen ambiente alrededor del proyecto, tanto desde el sector empresarial como desde la clase política. ¿Cree que se hizo un buen trabajo en la búsqueda de consensos?
Se ha hecho el máximo esfuerzo posible en la construcción de consensos en este país alrededor de una iniciativa, que no es fácil, pero que tiene tres propósitos que son indispensables como nación: sostenibilidad social, sostenibilidad fiscal y crecimiento económico.