Anualmente más de 100 mil procesos judiciales en contra de la Nación son admitidos.
En 2015 se admitieron 108.014 procesos y el año pasado 106.615. A septiembre de este año solo se reportaban 20.406, cifra atribuida a los efectos de la pandemia.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) es la encargada de ponerle el pecho a estos litigios y defender los intereses de la Nación. Hoy existen 341.665 procesos judiciales en contra de la Nación, que representan pretensiones económicas por 429 billones de pesos, sin contar los que hay en contra de los municipios y departamentos.
Esa astronómica cifra supera de lejos el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2020 que se aprobó por 271,7 billones de pesos y al de 2021 que se fijó 313,9 billones de pesos. En otras palabras, si el Estado fuese condenado a pagar todas esas pretensiones económicas, ellas representarían el 74% del PGN del año próximo.
En la relación de procesos en contra de la Nación, en el 2020 también hay 70 procesos de arbitraje nacional; 1.125 casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y 16 procesos de controversias internacionales de inversión.
Tres son los sectores que mayores demandas generan en contra del Estado: Trabajo (34,6%), Defensa Nacional (15%) y Educación Nacional (14,9%). Los tres concentran el 63,9% del total de procesos vigentes a septiembre de este año.
Por montos o pretensiones de los demandantes, los tres primeros lugares los ocupan Defensa Nacional, con el 31,3% y montos por $125,8 billones de pesos; Minas y Energía, 21,1% y montos por $84,5 billones de pesos; y Hacienda y Crédito Público, con el 18,8% y montos equivalentes a $75,5 billones.
El ranking de las entidades más demandadas lo encabeza la Administradora Colombiana de Pensiones (33,1%), Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (13,4%) y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (7,4%). Por pretensiones de los demandantes, el primer lugar se lo lleva la Policía Nacional, 23,8% y pretensiones por $95,6 billones de pesos. Le siguen el Ministerio de Minas y Energía, con el 17,7% de participación y montos por $71,1 billones de pesos; y la Fiscalía General de la Nación, con el 13,7% y pretensiones de los demandantes por $55 billones.
Hasta el año pasado las mayores demandas las generan la privación injusta de la libertad (16,8%), fallas en la prestación del servicio de salud (3,9%) e ilegalidad del acto administrativo que impone sanción disciplinaria (2,9%). En lo corrido de este año, a septiembre, esas mismas causales se mantenían en los tres primeros lugares, aunque con menores participaciones.
Camilo Gómez Alzate, el titular de esa Agencia desde hace dos años, destaca que durante su gestión la tasa de éxito de esos procesos, es decir los ganados por el Estado, pasó del 42,1% en el 2018 al 55,8% en 2020, sin Colpensiones. Si se tienen en cuenta los procesos admitidos de esa entidad la tasa de éxito se reduce al 53,5%.
Esa gestión de la Agencia le permitió al Estado, en el último año, ahorrarse unos 11 billones de pesos, el equivalente a una reforma tributaria.
La Agencia tiene cerca de 130 abogados y trabaja con los juristas de las distintas entidades territoriales (249 oficinas jurídicas de las entidades del Estado, que a su vez tienen 4.200 abogados), con quienes se hacen capacitaciones, líneas de trabajo, líneas de defensa, y se define cómo actuar frente a cierto tipo de demandas e investigaciones.