La primera planta de regasificación en Colombia, ubicada en Barú ya lleva cuatro años operando. Su propósito es servir como seguro para poder importar gas natural licuado en situaciones en que la producción local fuera insuficiente para atender la demanda de las plantas termoeléctricas de la Costa Caribe, sobre todo en épocas de sequía.
Sin embargo a pesar de que el 50% de los costos de inversión y operación de la planta son pagados por todos los usuarios de energía eléctrica a través de sus facturas (sin importar el estrato), los colombianos no reciben ningún tipo de beneficio de parte de los ingresos que genera la planta, hecho que es criticado por Jorge Linero, presidente de gas de Canacol Energy, la compañía líder en exploración y producción de gas natural.
En este sentido, y dada la coyuntura que está pasando el país por cuenta del COVID-19, desde la entidad se elevó una petición del Gobierno para que estos ingresos correspondientes al 50% les sean devueltos a los colombianos y de esta manera poder coadyuvar en la compleja situación económica que atraviesa el país.
“Proponemos que se les dé un alivio a los ciudadanos para que no paguen el subsidio que les viene en la factura. Esto equivaldría a un ahorro de 40.500 millones al año y de 13.500 millones mensuales. O si no se puede cancelar este pago, que el Gobierno lo reciba y lo devuelva a los estratos bajos, medios y a los pequeños comerciantes e industriales que son quienes más lo necesitan”, indicó Linero.
Y es que el pago de este subsidio que cubre los costos de la planta, en un 68% lo asumen el grupo de los usuarios regulados, es decir, residencias, comercios, pequeña industria, sector oficial entre otros, mientras que el 20% le corresponde a los estratos 1 y 2, algo que resulta injusto dadas las circunstancias que atraviesa la economía actual.
“La segunda parte de la propuesta es que los colombianos tengan derecho a recibir el 50% de los beneficios e ingresos de esta planta, ya que esto sin plata de los colombianos no hubiese sido posible”, dice Linero.
Agrega que esto puede darse a través de un descuento en las facturas de energía eléctrica por el margen de comercialización o en inversiones para la recuperación de la economía, en los cuales se incluyan los ingresos excepcionales de la regasificación, y la generación de gas importado.
“En febrero de 2020, por ejemplo, se vendieron más o menos $56 mil millones y, además, cobraron los $13.500 millones que pagan los colombianos sin compartirle absolutamente nada de los beneficios. Esto no tiene ningún sentido dado que los colombianos, pagan la mitad del costo total. Ellos deberían también recibir la mitad de los beneficios de las ventas, sobre todo en una situación como la actual en la que tanto los hogares como las industrias pasamos por una crisis sin precedente producto del COVID-19 y en la que uno de los pocos negocios que está realmente bien es, precisamente, la planta de regasificación”, puntualizó Linero.