Aunque el Congreso Nacional de Fondos de Empleados que realiza Analfe en Cartagena centra buena parte de su agenda en el análisis de cómo el servicio de crédito puede ser más efectivo para sus asociados, los temas regulatorios parecen ser los que más trasnochan a los representantes del sector.
El abordaje del riesgo crediticio que las organizaciones enfrentarán el año entrante es parte de esa preocupación y es por ello que el presidente Ejecutivo de Analfe, Miller García, no dudó en identificar que la mayor problemática del sector es “la diversa y cantidad de normatividad que se ha venido implementando”, por lo que se ha pedido a la Superintendencia de la Economía Solidaria crear un sistema especial de riesgo para los fondos de empleados, debido a que los descuentos que realizan estas organizaciones se hacen a través de libranzas y son menos propensas al riesgo.
Lo que piden los directivos de Analfe es que a los fondos de empleados no se les compare con las entidades financieras (los bancos), recordando que el asociado es dueño de la organización, es cliente y gestor.
En el país reportan a la Supersolidaria 1.400 fondos de empleados, de ellos 600 están afiliados a Analfe. Estos fondos representan el 90% de los activos de estas organizaciones que aglutinan a más de un millón de empleados.
Los ahorros de los empleados en estos fondos son del orden de los $6 billones y los activos se estiman en $10 billones. Dentro de la economía solidaria, los fondos de empleados representan el 40%.
