La investigación y el desarrollo tecnológico, integrar la capacitación y formación para la innovación agropecuaria; y la creación del Subsistema de Extensión Agropecuaria son los tres temas que se articularán con la Ley 1876 de 2017 a la que la Corte Constitucional le dio vía libre esta semana.
La corte culminó el estudio de las normas que fueron implementadas y avaladas en el Congreso de la República bajo el denominado ‘Fast Track’, durante los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.
Esta declaró exequible esta ley que propone crear y poner en marcha el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria (SNIA). Además crea nuevas funciones y mecanismos de orden nacional y territorial para obtener un servicio público en el agro.
Sin embargo, explicó la Corte, que los artículos 28 y 30 se condicionan bajo el entendido que la potestad es del Presidente de la República. Es decir, es el mandatario quien reglamentará la clasificación, caracterización y criterios para la priorización de los beneficiarios del subsidio a la tarifa de la tasa por la prestación del servicio público de extensión agropecuaria; su temporalidad y permanencia en su otorgamiento, así como su gradualidad y el porcentaje de la tarifa que será subsidiada. (Artículo 28).
También definirá la clasificación de usuarios del servicio de extensión agropecuaria para las diferentes actividades productivas y para los subsidios. (Artículo 30). Estas facultades estaban otorgadas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
En el caso de fomentar un plan estratégico de ciencia y tecnología es necesario un aplicativo electrónico que divulgue y en el cual se haga seguimiento a la información de los proyectos del sector.
La ley tiene como objetivo crear “nuevas funciones, competencias y mecanismos de articulación de las entidades y organismos de coordinación del orden nacional y territorial que componen el SNIA”. Todo esto como herramientas para mejorar la productividad y sostenibilidad del sector agropecuario colombiano.
También combina instancias y niveles para habilitar a los operadores seleccionados territorialmente, pero habilitados nacionalmente.
Las reglas
El acceso a los servicios es voluntario, el productor se inscribe o acepta que lo inscriban. ¿De qué manera se priorizarán los recursos?, pues a través de patrones y es que entre más vulnerable o pequeño, o si son beneficiarios del fondo de tierras o de las distintas políticas del acuerdo de paz de La Habana, se priorizará más la asignación de recursos.
Mientras que para los más experimentados, que participen, habrá una tasa y deberán hacer una contribución para que el sistema sea sostenible. El Gobierno siempre tiene la mayor carga del costo de la prestación del servicio de extensión.
“Introducción de productos, bienes, servicios, procesos y métodos nuevos en el ámbito productivo de transformación o adecuación de la producción”, destaca el artículo 3 de innovación agropecuaria.
La extensión agropecuaria es, quizá, uno de los ítems más importantes de esta ley, pues pretende “gestionar el desarrollo de capacidades de los productores agropecuarios, su articulación con el entorno y el acceso al conocimiento, tecnologías, productos y servicios de apoyo”. El punto es hacer más competitiva y sostenible su producción, y así mejorar la calidad de vida de la familia. Facilitaría la gestión de conocimiento, diagnóstico y solución de problemas, en niveles de producción primaria, poscosecha y su comercialización.
Asimismo un punto crítico es que entre las funciones del SNIA está la de recomendar a Minagricultura los marcos regulatorios adecuados para temas como propiedad intelectual, bioseguridad y acceso a recursos genéticos, entre otros.
Pese a que esta ley le apunta a la innovación en el campo, algunos gremios aseguran que dejaron a un lado el mundo campesino y sus prioridades.
Claves del Gobierno Duque
El presidente Iván Duque planteó siete estrategias agrícolas dentro de su Plan de Desarrollo, las cuales incluyen ordenamiento social rural con inclusión de mujeres para la formalización de tierras. Otro de los puntos es el ordenamiento productivo del campo, para un uso eficiente del suelo rural, e impulsar modelos de agricultura climáticamente inteligente. Igualmente, fortalecer al Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y al Invima para desarrollar un plan de admisibilidad sanitaria y promover la adopción de buenas prácticas agrícolas. El equipamiento de bienes públicos en el sector agropecuario, como la cobertura y conectividad y comercialización en zonas rurales, es otra de las estrategias.
El mandatario también pretende mejorar los esquemas de financiación y gestión del riesgo de actividades agrícolas; que el Sena brinde mano de obra calificada al campo y que se reforme institucionalmente el sector.
En Bolívar
Precisamente esta ley también beneficiará a los campesinos del departamento, pues en julio pasado el entonces director de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR), Juan Pablo Díaz Granados, dijo que destinaría $6 mil millones para el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria (PDEA). Este iniciará con la financiación de la Agencia de Desarrollo Rural, que además del presupuesto, tendrá un acompañamiento profesional en la implementación del plan. El departamento auna esfuerzos para organizar una estrategia y que los recursos beneficien a los campesinos.
