El futuro inmediato de cómo se regulará, controlará y encarrilará la locomotora minera en Colombia, está en manos de la Corte Constitucional.
El Gobierno está a la espera de que el alto tribunal se pronuncie sobre la solicitud de ampliar, al menos en un año, el plazo que vence el próximo 11 de mayo para realizar las consultas previas de la Ley 1382 de febrero de 2010 con las comunidades indígenas y afrodescendientes.
Por falta de este trámite, la Corte condicionó la vigencia plena de esa ley que reforma el Código de Minas (Ley 685 de 2001) y que ha sido la columna vertebral de la gestión del Ministerio de Minas y Energía para introducir modificaciones claves para el desarrollo del sector.
De la decisión de la Corte depende que sigan con piso legal cuatro temas sensibles: la formalización minera de la que el Código de 2001 no hace mención alguna; mayores capacidades técnicas y económicas para solicitantes de un título minero, la ley 685 permite a cualquier persona acceder; que se apliquen multas más estrictas, pues las estipuladas hace una 12 años son irrisorias; y ratificar como ecosistemas excluidos de minería los páramos y humedales de importancia internacional (Ramsar).
A 45 días de finalizar el plazo que da piso jurídico a la Ley 1382, ya el Gobierno piensa en un "plan B", en caso de que la Corte no le de vía libre a la prórroga para la consulta.
Así lo reveló a El Colombiano la viceministra de Minas, Natalia Gutiérrez Jaramillo, en su primera entrevista a medios de comunicación. La da después de dos meses en uno de los cargos de mayor responsabilidad frente a una locomotora que jalonó en los últimos años la economía nacional y ya lanza alertas de desaceleración.
¿Por qué no se cumplió con el plazo de dos años que dio la Corte Constitucional para realizar las consultas previas?
"Es algo que se sale de nuestras manos y por eso pedimos que se reconsidere el plazo. Por un lado, los indígenas reconocieron ante la misma Corte que no han podido ser consultados porque manifestaron no estar preparados para ello. Lo otro es que un fallo del Consejo de Estado anuló la elección de los representantes en la Consultiva de Alto Nivel, órgano de representación nacional de los afrodescendientes, con quienes ya se había definido ocho sitios para adelantar la consulta previa y todo estaba dado para concluir el proceso en febrero pasado".
¿Cuándo comenzaron las consultas previas?
"En julio del año pasado, después de tener listo el proyecto con las nuevas modificaciones introducidas para asegurar un desarrollo responsable y sostenible del sector minero".
¿Qué pasará si la Corte decide no dar más plazo?
"Esperamos que la decisión sea la contraria y continuar con el proceso de consulta previa. Si no es así, ya estamos trabajando en un plan B que partiría de reglamentar la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) para mantener, entre otros temas, abierta la ventana de formalización, continuar con el fortalecimiento de la autoridad minera y que el Estado pueda decidir con quién se asocia para explotar de forma racional".
¿Y qué ocurrirá con el nuevo modelo de fiscalización?
"Si se cae la ley no se verá afectado. La fiscalización es uno de los pilares de nuestra actuación y es la forma en que estamos poniéndole silla al caballo para que haya una minería responsable que cumple con sus condiciones jurídicas, económicas, técnicas, laborales y de seguridad requeridas. Para ello la autoridad minera (Agencia Nacional de Minería) se apoya en dos consorcios para evaluación de expedientes, visitas y tomar decisiones de caducidad del contrato, multas o ajustes".
Así las cosas, ¿la reforma al Código Minero cuando llegará al Congreso?
"No depende de la prórroga de la Corte, sino de poder llevar a cabo satisfactoriamente las consultas previas. Por eso aún no hay fecha precisa para radicarla".
¿Qué responde a los gremios mineros que insisten en que no es necesaria la reforma al Código Minero?
"Les digo que en el momento en que se formuló la reforma al Código de Minas no teníamos todas las herramientas que tenemos hoy. Algunos asuntos los podemos cubrir con lo aprobado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pero otras no como asegurar el manejo ambiental que no estaba contemplado en el código anterior y las áreas excluidas de minería".
¿Para cuándo se sabrá dónde se puede o no, explorar y explotar?
"No hay un plazo, pero estamos esperando ansiosamente que el Ministerio de Medio Ambiente concluya la delimitación de zonas excluidas. Recuerde que la ley del Plan Nacional de Desarrollo (artículo 202) dispone que se pase de delimitar páramos y humedales de una escala 1:250.000 a otra más detallada de 1:25.000. Tener esa nueva delimitación acaba con las incertidumbre de las empresas al tener una línea base que recoja la información ambiental requerida".
Por último, se posesionó y le tocó asistir a la parálisis de la producción del 70%
de carbón del país por casi un mes, ¿cómo quedaron las metas para 2013?
"Sí, hubo que reducir a 94 millones de toneladas la producción, cuatro millones menos de lo proyectado, infortunadamente. Pero seguimos creciendo frente a las 89,2 millones de toneladas con que cerró el año pasado, un 6 por ciento más que en 2011".
Con tantos frentes complejos por atender, ¿por qué decidió aceptar este cargo?
"Es un llamado que le hace a uno el amor a la patria y tener la oportunidad de hacer bien la tarea por el país desde el sector público".
"Este año nos enfocaremos en infraestructura para volver a viabilizar los trenes y mejorar las vías que transitan con mayor carga".
