El fútbol profesional colombiano atraviesa uno de sus mayores escándalos institucionales de los últimos años. La Superintendencia de Sociedades (SIC) denunció un presunto pacto entre directivos de clubes para vetar a ciertos futbolistas, una práctica que viola la ley de libre competencia y los derechos laborales.
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La investigación, que tomó varios años y se consignó en un informe de más de 300 páginas, señala que algunos dirigentes se habrían puesto de acuerdo para impedir que jugadores se trasladaran libremente entre clubes, especialmente aquellos que salieron en medio de conflictos contractuales.
Esta práctica, calificada como restrictiva de la competencia, constituye una infracción que podría traer consecuencias disciplinarias y económicas severas.
Uno de los elementos más comprometedores del informe son los chats revelados entre directivos, los cuales fueron hechos públicos por el periodista Gabriel Meluk, editor de deportes de El Tiempo. Según Meluk, los mensajes evidencian “una conducta descarnada, descarada y evidente” de los dirigentes para vetar a jugadores que, en su opinión, traicionaron compromisos con sus antiguos clubes.
Un ejemplo citado por la SIC corresponde a un mensaje de José Fernando Salazar, máximo directivo de Águilas Doradas, quien escribió: “Les recuerdo que el jugador profesional Agustín Vuletich (...) incumplió su compromiso con nuestra institución (...). Por tal razón les agradezco su solidaridad frente a este tema”. Este mensaje aparece subrayado por la SIC en la página 295 del informe.
Otro caso polémico involucra a Hernando Ángel, presidente del Deportes Quindío, quien al referirse a la salida del jugador Stewar Mena dijo: “Luego de haber formado a una persona, otro equipo no puede llevárselo”.
Además, criticó a los empresarios del fútbol por tener la “manía” de buscar jugadores al final de sus contratos para ofrecerlos a otros equipos, en detrimento de los clubes que los formaron.
Pero el caso más explosivo toca directamente al actual presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga. En la página 355 del informe, la SIC concluye que Zuluaga fue “administrativamente responsable por colaborar, facilitar, autorizar y ejecutar una conducta restrictiva a la libre competencia”. Su rol habría sido clave para perpetuar el veto a jugadores y limitar la autonomía de los clubes.
Una de las pruebas más sólidas presentadas es el grupo de chat conocido como G-36, en el que están incluidos los presidentes de todos los clubes profesionales de las categorías A y B, además del presidente de la Dimayor. Según el informe, en ese grupo se coordinaban acciones que vulneraban la libre competencia y los derechos laborales de los futbolistas.
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La SIC ha dejado claro que busca una sanción ejemplar, no solo para castigar las conductas anticompetitivas, sino para prevenir que este tipo de prácticas continúen en una industria que debe regirse por los principios del derecho laboral y la libre competencia como cualquier otra empresa del país.