La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela ha señalado este martes que existen “motivos razonables” para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El informe de 158 páginas detalla un patrón sistemático de persecución a opositores y represión violenta de protestas en el país.
El documento, que cubre el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, acusa a las fuerzas de seguridad del Estado y a grupos armados civiles progubernamentales de estar implicados en asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual y de género. Lea aquí: Venezuela rechaza la “despreciable” renovación de una misión de la ONU
Entre los principales responsables señalados se encuentran el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional.
Represión sistemática y creciente
El informe resalta que las fuerzas de seguridad estuvieron “masivamente involucradas” en violaciones de derechos humanos, desde detenciones arbitrarias hasta el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes. Además, se acusa a las autoridades de incitar a la violencia con declaraciones públicas, particularmente después de los comicios del 28 de julio, contribuyendo a un ambiente de hostilidad y represión en todo el país.
Otras instituciones también fueron señaladas, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado de incumplir las normativas básicas de transparencia, y la Asamblea Nacional, por aprobar leyes restrictivas que limitan el espacio cívico y democrático en Venezuela.
Asimismo, el sistema de justicia fue cuestionado por su falta de independencia, con jueces y fiscales colaborando en la represión al servicio del régimen.
Ampliación del perfil de las víctimas
El informe destaca que, aunque en anteriores investigaciones la represión se enfocaba principalmente en líderes de la oposición y activistas sociales, en el contexto electoral de 2024, el perfil de las víctimas se amplió significativamente. Según el documento, muchos ciudadanos comunes fueron objeto de abusos por simplemente expresar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados electorales, lo que evidencia un recrudecimiento de la represión contra cualquier tipo de disidencia. Le puede interesar: ¿Venezuela y China planean crear un”nuevo orden político”?
La misión, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas y con la participación de los expertos Francisco Cox (Chile) y Patricia Tappatá (Argentina), detalló que en los 10 meses previos a las elecciones al menos 48 personas fueron arrestadas bajo acusaciones de conspiración, en gran parte en la llamada operación “Brazalete Blanco”. Además, durante la campaña electoral, otras 121 personas fueron detenidas por colaborar con la oposición.
Escalada represiva tras los comicios
El informe revela que tras la celebración de las elecciones, la represión no solo se mantuvo, sino que se intensificó de forma dramática. Según la misión, las autoridades venezolanas lanzaron una campaña de “detenciones masivas e indiscriminadas” sin precedentes, comparable únicamente con los picos de protestas de 2014, 2017 y 2019. Miles de personas fueron arrestadas en un intento por sofocar cualquier cuestionamiento a los resultados electorales, lo que consolidó un clima de miedo y control por parte del gobierno. Más sobre Venezuela: Esposa del alcalde de Maracaibo denuncia acoso a trabajadores municipales
La misión de la ONU, creada en 2019 para investigar violaciones de derechos humanos en Venezuela, ya había advertido en informes anteriores sobre las graves violaciones cometidas por el Estado venezolano. Sin embargo, este nuevo reporte subraya que la violencia y la persecución se agravaron en el contexto electoral, afectando a un mayor número de personas y ampliando el alcance de la represión.