¿Un ‘narco’ se coló en el proceso de paz entre las Farc y el Gobierno? Esa es la pregunta que se plantea luego que la Fiscalía capturara a varios integrantes de la Sijín de la Policía quienes, al parecer, adelantaron una falsa investigación para favorecer a un comerciante de cocaína que era requerido por el gobierno estadounidense por el envío de varios cargamentos de dicho alcaloide a ese país. Con falsos documentos y testimonios, hicieron pasar al narcotraficante como integrante de dicha guerrilla, frenando así la extradición.
La Paz entre el gobierno y las Farc da para todo, al punto que ahora la Fiscalía General de la Nación investiga un caso donde un reconocido narcotraficante del suroccidente colombiano posiblemente pagó a funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, de la Policía Nacional para abrir una investigación penal en su contra por el delito de rebelión para luego obtener los beneficios jurídicos que están obteniendo los guerrilleros, y así frenar, un pedido de extradición de los Estados Unidos.
El caso trascendió al principio de esta semana cuando funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía capturaron en Santander de Quilichao al patrullero Manuel Antonio Riascos Moreno para que respondiera ante la justicia por su probable participación en el ‘cambiazo’ judicial que obtuvo el narcotraficante Segundo Alberto Villota Segura tras ser acusado, al parecer, con falsos procedimientos investigativos por su presunta militancia con la guerrilla más antigua de Latinoamérica.
En medio de la diligencia judicial trascendió que la investigación del acto irregular de los policías inició en el mes de noviembre de 2016, mediante una fuente formal escrita, que remitió un comunicado a la Dirección de Fiscalía Seccional Cauca, poniendo en conocimiento la presunta manipulación del aparato judicial, con el fin de beneficiar al narcotraficante en mención, sobre quien recaía una orden de extradición del gobierno de los Estados Unidos, pero dicho procedimiento quedó frenado ya que el comerciante de drogas estaba vinculado a un proceso en Colombia por el delito de rebelión.
“Con ello, el narcotraficante lograba acogerse a la ley de amnistía aplicable a los integrantes de las Farc, beneficio logrado en los acuerdos de Paz firmado por el Gobierno Nacional y este grupo al margen de la Ley en octubre del mismo año”, explicó el ente acusador en medio de las audiencias preliminares adelantadas en el palacio Luis Carlos Pérez de Popayán.
Paso seguido, el funcionario de la Fiscalía que lidera la investigación explicó que fueron varios los integrantes de la Sijín y abogados particulares quienes acordaron adelantar actividades fraudulentas para favorecer judicialmente al narcotraficante, creando todo un proceso judicial, que al final, según el ente acusador, resultó ser un montaje.
“Los investigadores de este grupo especializado de la Policía se encargaron de crear una noticia criminal, a nombre de una persona que se encuentra señalado por ilícitos conexos al narcotráfico y presuntamente lavado de activos. De manera exprés, y utilizando documentos espurios, crearon un proceso por el delito de rebelión, para que esta persona lograra ser incluidos en el proceso de amnistía que se adelanta con las Farc en el marco del proceso de paz”, agregó la Fiscalía.
Es así que para el órgano investigativo del Estado, los patrulleros de la Policía, que laboraban en El Tambo al momento del inicio de la falsa investigación, Manuel Riascos, Jhon Alexander Moreno y Douglas Mera desarrollaron actividades de policía judicial irregulares, adjuntando a sus informes información falsa y adulterada.
“Realizaron entrevistas a internos, en cárceles, y que decían ser integrantes de las Farc y que vinculaban a Villota Segura con esa organización subversiva, situación que se dio cuando un ex integrante de la Policía solicitó a los investigadores de la Sijín dar apertura, a cambio de millonarias sumas de dinero”, acotó el ente acusador.
Con la primera información aportada por la Dirección de Fiscalía Seccional Cauca, se comenzaron diversas labores judiciales completamente amparadas a la ley, bajo la coordinación de la Fiscalía Octava Especializada, como inspecciones a las oficinas de la Sijín, interrogatorios a los supuestos testigos, declaraciones juradas e interceptación de líneas telefónicas a los de los policías implicados en esta farsa jurídica.
“El Cuerpo Técnico de Investigación logró establecer, con dichas labores, la falsedad de los documentos aportados dentro del proceso por rebelión, así mismo, que las entrevistas a internos en cárceles nunca se efectuaron, y aquellos que se identificaron como integrantes de las Farc, no habían pertenecido, ni pertenecen a dicha estructura guerrillera. De igual forma, se pudo establecer que el señor Segundo Alberto Villota era un capo de un cartel del narcotráfico que operaba desde la ciudad de Cali y la única la relación con aquella estructura guerrillera se centraba en el negocio del narcotráfico”, se ventiló en la audiencia judicial.
Tras descubrir las irregularidades en la imputación contra el narcotraficante, los funcionarios del CTI empezaron los correspondientes trámites para obtener las órdenes de captura contra los policías, así como un ex integrante de esta institución, para que respondan ante la justicia por este ‘conejo’ hecho al sufrido y trasegado proceso de paz, y a su vez, por delitos relacionados con falsedades en documentos públicos, fraude procesal, cohecho, entre otros.
Una vez obtenidas las órdenes de aprehensión, las mismas se materializaron el pasado miércoles cuando los policías fueron ubicados en las propias instalaciones policiales donde laboraban, mientras que el ex integrante de esta institución fue ubicado en su lugar de residencia, al norte de la capital del Cauca.
“Dos de los capturados fueron llevados ante el juez de control de garantías, mientras que el otro quedó en libertad tras aceptar un interrogatorio, quedando libre pero vinculado al caso que se adelanta. Luego, en las audiencias, el juez legalizó las capturas para después formalizar la imputación de la Fiscalía por estos hechos. El ex integrante de la Sijín aceptó su responsabilidad, mientras que el uniformado se irá a juicio, tras no aceptar cargos”, explicaron funcionarios del CTI que conocen de este controvertido caso.
En las próximas horas se conocerá si el juez con funciones de control de garantías acepta la petición hecha por la Fiscalía de cobijar con medida de aseguramiento en centro carcelario al funcionario de la Sijín, así como para el ex integrante de este grupo especializado de la Policía Nacional.
