La Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Antioquia, con ponencia del magistrado Daniel Montero Betancur, decretó una medida cautelar de urgencia dentro de una acción popular presentada por el ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez.
La decisión se tomó al estudiar la solicitud con la que se busca proteger varios derechos e intereses colectivos que, según el demandante, podrían verse afectados por la implementación del Decreto 182 de 2026 del Ministerio de Salud y Protección Social, norma que introduce cambios en el funcionamiento del aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional.
El proceso se inició tras la expedición del Decreto 182 de 2026, que modifica el Decreto 780 de 2016 y establece cómo operarán las EPS en Colombia, trasladando a millones de afiliados y limitando las opciones de cambio según el territorio. Según la acción popular presentada, alrededor de 6,6 millones de usuarios serían reubicados, incluyendo más de 3 millones hacia la Nueva EPS, entidad intervenida por el Estado con problemas financieros y operativos. Le puede interesar: Podrían cambiarte de EPS sin tu permiso: así queda distribución en Colombia
El demandante pidió al tribunal que se impidieran estos traslados hasta que se comprobara que la Nueva EPS cumple con requisitos de capital, patrimonio, reporte financiero y prestación adecuada de servicios, además de reducir quejas y tutelas.
De acuerdo con El Tiempo, ante estos riesgos, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar de urgencia para proteger los derechos colectivos de los usuarios, mientras se analiza si el decreto vulnera la salud pública, la moralidad administrativa y el acceso eficiente a los servicios de salud. El proceso continuará evaluando los efectos y la legalidad del Decreto 182 de 2026.
Alertas sobre la situación financiera de Nueva EPS
Diversos analistas han advertido que Nueva EPS atraviesa actualmente una crisis que afecta su funcionamiento, con casos reportados de pacientes que han tenido dificultades para acceder a medicamentos o tratamientos.
Uno de los casos que generó atención pública fue el de Kevin Acosta, un niño de 9 años que falleció mientras esperaba tratamiento para hemofilia severa. También se conoció el caso de Cecilia Quintero, quien murió en un dispensario mientras aguardaba la entrega de medicamentos para su hijo.
A esto se suma el panorama financiero expuesto por la Contraloría General de la República de Colombia, que evidenció un fuerte deterioro en las cuentas de la entidad.
Según el organismo de control, la deuda de la EPS creció 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, pasando de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones.
En paralelo, su patrimonio también registró un deterioro significativo: pasó de 485.209 millones de pesos en 2022 a un patrimonio negativo de 6,25 billones de pesos en marzo de 2025.
El ente de control calificó esta situación como una “inviabilidad estructural”, un diagnóstico que pone en duda la capacidad real de la entidad para responder por la atención de más de 14 millones de afiliados en todo el país.