El presidente Gustavo Petro, lanzó nuevas advertencias sobre el sistema electoral colombiano de cara a las elecciones de 2026. El mandatario sostuvo que persiste un incumplimiento a fallos judiciales que ordenan fortalecer la autonomía tecnológica de la Organización Electoral y cuestionó que la operación continúe concentrada en un contratista privado.
Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado afirmó que existe una especie de “Registraduría paralela” bajo la órbita de la firma Thomas Greg & Sons, compañía que —según recordó— viene participando en procesos electorales desde 2007 y que hoy mantiene la logística y el preconteo de votos. A su juicio, esa estructura configura un “monopolio privado tecnológico” contrario a la Constitución.
Petro sustentó su señalamiento en una sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018, que ordenó a la Organización Electoral adquirir un software propio que garantizara trazabilidad completa desde las mesas de votación hasta la declaratoria oficial de resultados. Según el mandatario, de esa orden “solo se ha solucionado un 15%, el 85% restante sigue igual”. Lea: Fiscalía rastreará dineros ilícitos y compra de votos en elecciones 2026
Voy a escribir porqué los escrutinio son opacos y vulnerables al fraude en las elecciones.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 1, 2026
No porque crea que nuestro proyecto democrático vaya a perder sino porque es mi deber como jefe del estado al menos informar sobre uno de los peores riesgos de la democracia hasta ahora…
Recordó además que en 2021 la Registraduría Nacional del Estado Civil compró un software a la multinacional Indra destinado al Consejo Nacional Electoral (CNE), pero precisó que esa herramienta se limita a la consolidación nacional de datos departamentales. “La firma Thomas Greg mantiene el preconteo y la logística”, aseguró.
Costos electorales y comparaciones internacionales
En su intervención, el presidente también puso el foco en los costos de los contratos. Indicó que la última licitación adjudicada a Thomas Greg ascendió a 2,75 billones de pesos. Calificó la cifra como un “hecho de corrupción mayúscula” y comparó el gasto colombiano con el de países como Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur, donde —según dijo— los sistemas son estatales y operan con presupuestos menores pese a tener más electores.
“Si se comparan con los costos de EEUU, Brasil o Corea del sur, todos con softwares estatales, teniendo muchos más electores que Colombia, su costo es la mitad y hasta la tercera parte del costo de las elecciones en el país”, afirmó.
De acuerdo con el mandatario, el sobrecosto alcanzaría el 300%, con un excedente cercano a 1,8 billones de pesos. Añadió que mientras en otros sectores la tecnología tiende a abaratar procesos, en el caso colombiano el valor del escrutinio pasó de 155.000 millones de pesos en 2013 a 1,23 billones en la actualidad, lo que representa un incremento del 78%.
Auditorías, antecedentes y advertencias para 2026
El jefe de Estado también cuestionó la seguridad del sistema contratado. Aseguró que se trata de un mecanismo “vulnerable y que se puede variar datos desde afuera de los edificios de Thomas Greg o desde adentro”. En ese contexto, señaló que el registrador nacional, Hernán Penagos, no permitió una auditoría técnica independiente de partidos y veedurías, limitando el proceso a un “show mediático”.
Finalmente, Petro evocó antecedentes de controversias en elecciones pasadas, incluyendo el caso de 2014 y las irregularidades denunciadas en 2022. Sobre ese último episodio afirmó: “Desaparecen 500.000 votos de la coalición Pacto Histórico; la coalición logra restablecerlos gracias a sus testigos electorales y los abogados en escrutinio que logran que se abran la urnas impugnadas”.
El presidente concluyó que, pese a una inversión que cifró en 4,4 billones de pesos, el Estado no conserva la propiedad intelectual del sistema: “De invertir 4,4 billones en Thomas Greg la nación no queda con nada, ni siquiera con el software”. Frente a este panorama, instó a los testigos electorales a impugnar el mayor número de mesas en 2026 para que las urnas puedan ser reabiertas ante jueces, en medio de lo que describió como una grave vulnerabilidad institucional.